De todas las reformas hechas por los dominicanos en los ya lejanos años noventa, la de la seguridad ciudadana ha sido una de las que más dolores de cabeza y menos frutos nos ha dado.
Las razones son múltiples y variadas, pero los resultados son claros: la Policía Nacional sigue siendo ineficiente como garante de la seguridad pública.
Pienso que dos factores inciden en este estado de cosas. Por un lado, no invertimos lo suficiente en el cuerpo policial ni en sus agentes, que es lo más importante. Por el otro, la Policía Nacional es una de las instituciones que mayor resistencia ha presentado a cualquier intento de reforma.
No es tolerable que, a estas alturas del juego y con la complejidad del papel que deben cumplir, los policías sigan ganando salarios de miseria.
Pretender justificar las condiciones paupérrimas en que trabajan los policías porque el oficio “es una vocación” es miope, por decir lo menos.
Es lo mismo que esperar ángeles que nos cuiden y pongan en peligro su vida prácticamente gratis. Lo que ocurre, en realidad, es que tenemos la Policía que queremos pagar. Brindarle autoridad y poder a una persona sin garantizarle condiciones de vida decentes para sí y para los suyos es socialmente suicida.
Mas la propia institución y sus agentes han sido piedra de tropiezo en el camino de la reforma. La situación actual es nociva, pero genera privilegios sociales y económicos a los que muchos no quieren renunciar.
La verticalidad interna de la Policía propicia, además, que los agentes entiendan que pueden abusar del ciudadano, salvo que se trate de “un jefe”. La reticencia a abandonar la “mano dura” (de lo que los ciudadanos somos cómplices) no hace otra cosa que generar un círculo vicioso de violencia.
El deseo de aplicar la ley en forma incompleta y sesgada en contra del ciudadano es fuente de persistentes conflictos y atropellos.
Aunque no sea cierto que todo tiempo pasado fue mejor, sí lo es que la Policía Nacional no satisface las necesidades de seguridad de los dominicanos.
El precio que pagamos en cohesión social y progreso económico debería ser suficiente para darle a la reforma policial el impulso que le hace falta.
