Celedonio Jiménez
En un artículo pasado (2 de junio) que titulé “Ojalá”, en este mismo periódico El Día, señalé que la presión por el “desescalamiento” o la apertura económica en el país, sin que se dieran las condiciones adecuadas en relación al contagio del virus, podía llevar a negativas consecuencias. En ese artículo concluía diciendo: “Ojalá que con la apertura que se hace, el covid-19, que no se ha ido, no decida reorganizar su ejército de bestiecillas, para decir: aquí estoy, en una nueva escalada, y con más fuerza”.
Luego de la mencionada apertura y de las aglomeraciones que se produjeron en la fase final de la campaña electoral y el día de las votaciones, asistimos a un crecimiento del contagio del virus que en algunas ciudades del país podemos decir alcanza proporciones alarmantes. Al finalizar la semana pasada hemos arribado a la cantidad de 1,300 personas fallecidas, de más de 77, 000 contagiados y una tasa de positividad de 34.80 % (Es decir, 3 y media personas por cada diez a los que se les ha aplicado la prueba).
Algunos exponen como causa de los niveles alcanzados, la actuación indisciplinada de muchos de los pobladores jóvenes de nuestros barrios populares. Pero esta es una posición unilateral. Esa indisciplina es un factor, no la causa principal del incremento de la pandemia. Creemos que hay razones de mayor calado, y son las que tienen que ver con el comportamiento de muchas de nuestras instituciones, las cuales las hacen no confiables, no creíbles para buena parte de la población. De ahí que muchos pobladores no las respeten y por tanto no puedan actuar ni pensar institucionalmente.
Cómo pretender, por ejemplo, una acogida adecuada en los barrios, a integrantes de una institución como la Policía Nacional, cuando muchos de sus jóvenes se sienten víctimas directas de agentes, los cuales les levantan acusaciones para luego extorsionarlos, o les cobran “peajes” para dejarles pasar acciones delictivas; cómo ser receptivos frente a un Estado que ha permitido impunemente que muchos de sus funcionarios se apropien indebidamente de fondos públicos; cómo creer en una institución de justicia que no tiene ni un sólo preso en relación con el sonado caso de los sobornos de Odebrecht, cuando en otros países hermanos de Centro y Suramérica, por el mismo hecho, han encarcelado numerosos altos funcionarios y hasta expresidentes; cómo aceptar instituciones partidarias que han permitido a sus legisladores los vergonzosos “barrilito” y “cofrecito”. Estos deben ser eliminados por disposición partidaria o congresual, y no por la ejemplar voluntad ética de legisladores que renuncian a estos privilegios.
Frente al Covid no justificamos la indisciplina ni la indolencia, pero queremos evitar que se quiera romper la soga por lo más débil. Vayamos al meollo de la cuestión. Luchemos por transformar nuestras instituciones buscando que sus roles y objetivos estén destinados a forjar una mejor sociedad y hacer de nuestros ciudadanos entes de bien, de trabajo y dignidad.
