Periodista Luis García
Cada vez que veo ciertos comportamientos y silencios pecaminosos, evoco una frase que solía pronunciar el extinto periodista Rafael Molina Morillo: “El primer caníbal comenzó comiéndose una de sus uñas”.
Aunque el inolvidable amigo recurría a la expresión cuando su aguda inteligencia veía que en un momento determinado se cernían nubarrones que amenazaban la libertad de expresión y difusión del pensamiento, a casi siete años de su irreparable partida física; hago el paralelismo con la democracia dominicana.
Una serie de acontecimientos registrados en los últimos años coliden con postulados garantistas consagrados en la Constitución de la República Dominicana, y que son propios de un Estado Social y Democrático de Derecho que, teóricamente, se fundamenta en la dignidad de las personas.
Existe una larga lista de violaciones que pudieran enumerarse, pero la brevedad espacial de un artículo de opinión en un diario sólo permite la mención de algunas.
Destacan las denuncias de familias y de organizaciones de derechos humanos de desapariciones de personas sin que se sepa nada. Judicialización de la política mediante el uso del Ministerio Público y de una parte del Poder Judicial; tampoco pasa nada.
Al menos una jueza, a pesar de que se asegura que no es la única, denuncia que es perseguida y vigilada desde el poder político, sin que se conozcan los resultados de sendas investigaciones ordenadas.
Y la lista sigue en materia de limitación de libertades públicas.
Mientras que, en lo referente a la democracia electoral, la amenaza democrática no resulta ser de menor cuantía. Organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, y nacionales, tal el caso de Participación Ciudadana, denunciaron la compra masiva de votos en las recién pasadas elecciones municipales.
La mayor responsabilidad se le atribuye al Partido Revolucionario Moderno, dueño del poder político del país.
En tanto que los principales partidos de la oposición depositaron por ante el Tribunal Superior Administrativo una acción constitucional de amparo de extrema urgencia contra instituciones gubernamentales por “la violación a derechos fundamentales y principios constitucionales” ante la negativa de entregar los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la 20-23.
Las preocupaciones democráticas también se extienden a la existencia de un silencio pecaminoso de sectores de incidencia en la vida nacional, de miedo; parecería que no quieren ver ni cerca las manos del Leviatán, el poderoso monstruo bíblico llevado a la categoría de clásico de la política por Thomas Hobbes.
Calla buena parte de la prensa. Calla un segmento del mundo empresarial que otrora era bastante activo. El silencio ecológico es de antología. Callan algunos políticos que temen les apliquen el “lawfare”, sumándole millas a esa estrategia de judicialización de la política. El Defensor del Pueblo solo interviene en aquellos casos que le tributan “likes”.
Todo eso muestra un panorama incierto para nuestra democracia, un bien preciado que debe preservarse, superando las amenazas que suelen ocurrir a través de la historia. Hay países en América Latina que hoy añoran sus tiempos de gloria de la democracia.
Desde los inicios de la democracia, ésta siempre ha estado vinculada a los ciudadanos, es decir, al pueblo; así como a los principios de igualdad y de libertad. Siempre que se abuse del poder, los principios están en peligro.
La democracia dominicana requiere de ser inoculada con los valores de la justicia social, de la libertad y del respeto a las libertades públicas, a fin de sacarla de la sala de UCI.
Aún estamos a tiempo de preservar los valores democráticos.
