José Báez Guerrero
Alguna mano poderosa juega con haitianos que protestan exigiendo que se les regale la ciudadanía dominicana para evitar una inexistente apatridia.
A los indocumentados que alegan ser dominicanos les corresponde -si no lo hicieron sus padres- demostrar en la JCE o algún consulado que son de tal o cual nacionalidad.
Los apátridas carecen de nacionalidad propia y quienes alegan que aquí existen no pueden mostrar ningún caso, excepto haitianos que arguyen ser dominicanos.
Los indocumentados omisos en el registro civil pueden demostrar si son dominicanos. No así extranjeros o hijos suyos nacidos aquí.
La excepcionalmente breve vigencia constitucional del jus solis es inaplicable jurídicamente y contraria a la tradición dominicana del jus sanguini.
Hubo dejadez del Estado ante la ilegalidad no perseguida ni sancionada de inmigrantes irregulares de larga data, pero el Gobierno proveyó una salida legal para documentarse en la JCE y regularizar su estatus como residentes o, si corresponde, dotarlos de ciudadanía.
Apenas unos cientos acudieron.
Otorgar la nacionalidad a hijos de haitianas que den a luz aquí cuyos padres no sean dominicanos es contrario a la Constitución; es innegable de que su nacionalidad es la de su madre haitiana o de su padre extranjero.
Contraría el interés nacional crear ilegalmente una minoría que no comparte los valores nacionales ni desea integrarse a nuestra cultura. Al contrario, pueden contagiarnos del mismo desorden bárbaro, caótico, depredador del medio ambiente y antidemocrático que ha destruido su país. Sólo aplicando macana legal evitaremos sucumbir.
