Celedonio Jiménez
El domingo 11 del actual mes de julio, murió ahogado el niño de 9 años, Greimy Alexander Suriel, luego de ser arrastrado por una cañada ubicada en el sector Los Peralejos, del Distrito Nacional.
Su cuerpo apareció luego de 4 días de búsqueda, realizada por brigadistas que extendieron su acción de rescate a diversos lugares de la cañada que desemboca en el río Isabela.
Este hecho no se produce por primera vez en nuestro país, pero sí podemos afirmar que en la casi totalidad de los casos tienen como escenarios barriadas donde subsisten sectores que padecen pobreza o pobreza extrema.
Se trata de sectores compuestos por familias que sufren una gran indefensión agravadas con marcadas situaciones de riesgo, no sólo por las condiciones de las viviendas en que viven, sino también por el entorno en que dichas viviendas son edificadas.
Muchas de ellas son susceptibles de derrumbes, inundaciones, de daños por efecto de las crecidas de las “cañadas”, principalmente, en temporadas de lluvias.
Las condiciones físicas en que viven una indefinida cantidad de familias indigentes en la República Dominicana constituye una violación a los más elementales derechos de las personas y a la dignidad humana, constituyen una grosera violación al derecho de los niños, los cuales, según lo declara la Constitución vigente, deberán estar protegidos de “toda forma” o “estado de vulnerabilidad” (Art. 56, acápite 1).
Pero la verdad es que para una buena parte de los dominicanos y dominicanas este derecho es letra muerta.
Ciertamente en el país muchos hechos revelan que las autoridades y una parte de la población se van acostumbrando a la ocurrencia de hechos tan penosos como el que da origen a este artículo.
Suceden hechos que se lamentan, se ponen parchos, pero nada pasa; la ocurrencia de una tragedia es echada al olvido rápidamente, por el acontecer de otra nueva.
En el país no puede reinar lo que parece una “indolencia generalizada”. En el país tenemos que cambiar, y sobre todo, se espera ese cambio, de parte de los que han ofrecido gobernar “para la gente”, y principalmente, para la gente desamparada y sufriente, víctimas de relaciones y estructuras tan mal constituidas.
Pero no se trata sólo de un cambio de práctica de los señalados agentes partidarios, sino también de los sectores populares que deben unificarse y organizarse para reclamar y obtener sus derechos.
Demandamos, finalmente, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de los Ministerios de Obras Públicas, Salud Pública y Medio Ambiente, poner una atención especial y centralizada al problema relativo a las cañadas que atraviesan los barrios populares y marginados.
