Merece el mayor repudio y acciones inmediatas por fiscales y policías, la denuncia del ministro de Educación, Ángel Hernández, de que “ha recibido una amenaza de muerte” y que “hay que hacer una revisión seria de lo que ha pasado” en esa dependencia.

El funcionario, con apenas tres meses en el cargo, confirma así los rumores de que ese ministerio es una caja de Pandora en materia de corrupción. “Hay cosas que investigar, muchos problemas. No puedo decir que son estructuras mafiosas, sólo que hay muchos contratos indebidos.

Se han hecho muchas cosas”. Es triste destino de la asignación del 4 % del PIB o 16 % del presupuesto, sin lograr avances significativos en las vergonzosas métricas sobre instrucción pública.

Las mafias de suplidores, la indolencia del sindicato de maestros, la ineptitud de muchos administradores y los contenidos curriculares deficientes, deben atacarse como el virus más mortal. No es cuestión de culpar a este gobierno o al anterior, aunque Abinader luce empeñado en adecentar la política, sino que ya el país no aguanta más impunidad.