Matías Bosch
Se estuvo trabajando por años, finalmente se promulgó en febrero, y ahora vendrá su puesta en práctica.
Todos y todas debemos leer la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas y su reglamento. No es palabra que bajó del cielo.
El artículo 4 de Definiciones es decidor cuando señala que las alianzas público-privadas son “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo (…) para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social”, a los cuales define como “cualquier obra o activo cuyo uso permite satisfacer necesidades de interés colectivo, incluyendo los bienes públicos”.
También puntualiza que su beneficio financiero será “las utilidades netas derivadas en favor de los agentes suscriptores del contrato” y que pueden durar hasta 40 años, es decir, para cuando sean adultos los nietos de quienes las obtengan.
Estemos claros: esta ley no es para complementar ni mejorar la que ya regula las compras, contrataciones y concesiones del Estado. Aquí se va por más y la Autopista del Nordeste será un cuento de niños comparado con lo que puede venir. De hecho, lo referente a concesiones queda sustituido con la nueva norma.
La gracia de esta ley es que habilita legalmente que aquellos bienes y servicios que harían posible (bien o mal) el acceso y disfrute de derechos fundamentales, y que por su naturaleza son bienes de primera necesidad sin sustitutos ni competencia, o no accesibles a precios de agentes privados, sean gestionados como negocio y fuente de ganancia.
Y encima pone al Estado a ocuparse de que así sea, incluso si no lo tiene proyectado; basta que una empresa lo ponga en la mira y el proceso arranca.
El famoso “Estado social y democrático de Derecho” se despoja de su rol principal, para convertirse en gerente de un mercado.
Es llevar a todas las áreas la lógica del Sistema de Seguridad Social, en que derechos humanos como la salud y las pensiones se han entregado a empresas nacionales y extranjeras cuya naturaleza es hacer negocio.
La ciudadanía –en su mayoría despojada y empobrecida- queda convertida en clientela forzosa de estas empresas. Si un emprendedor cualquiera tiene que fajarse y competir para mantenerse y ganar, esta ley garantiza (a unos pocos con muchos recursos) el monopolio de bienes y servicios esenciales, y su ingreso y ganancia estarán garantizados porque la población depende de ellas. ¿Qué racionalidad económica es esa?
Las asociaciones empresariales usan entonces la excusa de invertir en “necesidades” para negarse a avances en justicia fiscal y a que el Estado recaude lo que necesitamos. Muchas veces los “inversionistas” terminan subsidiados por la sociedad y todo lo verdaderamente grave que se vería mal escrito en la Ley queda para los “estudios” y los contratos. ¿Cuántos leeremos esos documentos en los cuales no tendremos ninguna participación?
Podrá argumentarse que esto no significa privatizar, apelando a una definición restringida de la privatización, propia de los ochenta y noventa, cuando se traspasaba la titularidad de la propiedad.
España, Chile, Puerto Rico, son casos emblemáticos de cómo la privatización ocurre bajo la consigna de “alianzas”, pues en la práctica la operación y acceso al bien o servicio ya no estará en manos públicas y responderá al “beneficio financiero” de empresas, inclusive de inversionistas extranjeros.
Por ahí se van hospitales, escuelas, carreteras, transporte público, vivienda social, agua, energía, todo.
Tal vez haya sido un error, un exabrupto o imprudencia de quien lo dijo, pero lo hizo: las actividades de OPRET (entiéndase Metro y Teleférico) y OMSA están en la lista. Lo mismo se explicó pausadamente en televisión sobre el acueducto del Este.
De hecho, fue con la urgencia de facilitar las APP que se explicó la modificación exprés de las normas para designar al director de INAPA.
Dice una fábula que el alacrán le pidió al maco que lo ayudara a cruzar un charco subido en su espalda.
