Caracas.-El presidente venezolano, Nicolás Maduro, estimó inviable el referendo revocatorio que promueve en su contra la oposición, que por su parte se apresta a rechazarle en el Parlamento, en el que es mayoría, un decreto de estado de excepción que otorga amplios poderes al gobierno.
En una rueda de prensa en Caracas, Maduro dijo que sus adversarios pretendieron cometer “fraude” con las firmas que entregaron al Poder Electoral como requisito para que se active la consulta.
“Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política e histórica, y ninguna va a tener éxito”, advirtió.
El mandatario socialista suscribió así denuncias de líderes del oficialismo sobre inconsistencias en las rúbricas que, según ellos, hacen imposible que el presidente sea revocado. Maduro juzgó que los opositores quieren hacer estallar la violencia para tapar ese “desastre”, y reiteró que “por cada firma falsificada, demanda garantizada”.
En tanto, el legislativo venezolano votó ayer en rechazó del decreto de estado de excepción dictado por el presidente Nicolás Maduro, alegando que la orden del mandatario constituye “una concentración de poderes”.
El Congreso, controlado por la oposición, consideró que el decreto “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela”, y además “representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República”.
El parlamento, con la mayoría que le da el voto opositor, también aprobó “instar a la ONU, OEA, Mercosur y Unasur para que contribuyan, junto a esta Asamblea nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Presidente de la República y las instituciones que están a su servicio”.
El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder. El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el "disfrute pleno de sus derechos, y preservar el orden.
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