Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a press conference at the Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Tuesday, May 17, 2016. Maduro accused the United States of sabotage plans against Venezuela, saying they aim to create a scenario of violence to justify a foreign military intervention to remove him from power. (AP Photo/Ariana Cubillos)
CARACAS, Venezuela. — A 48 horas de la marcha en Caracas para exigir la pronta realización del referendo revocatorio, el presidente Nicolás Maduro anunció el martes que las autoridades develaron un plan para generar violencia y muertos durante esa movilización y dijo hay personas detenidas, mientras opositores denuncian la persecución de algunos de sus dirigentes.
Maduro dijo, durante un acto con seguidores en la capital, que fueron capturadas personas con equipos, uniformes de la fuerza armada y explosivos C4, e indicó que uno de los detenidos tenía planeado utilizar a hombres disfrazados de guardias nacionales para disparar contra opositores y “crear una crisis para un golpe de Estado”.
El mandatario no ofreció detalles sobre la cantidad de los detenidos, su identificación, ni dónde se realizaron los arrestos, y solo agregó que las autoridades están tras la búsqueda de otras personas.
“Si vienen con golpes, emboscadas y violencia política, la revolución va a dar una respuesta descomunal y contundente, y vamos a radicalizar en lo político, en lo económico y en lo social”, dijo Maduro al asegurar que actuará con “mano dura”.
Durante sus casi tres años y medio de gobierno Maduro ha denunciado varios complots y planes desestabilizadores que la oposición ha desestimado asegurando que forman parte de acciones para distraer la atención de la severa crisis que enfrenta el país.
La declaración del gobernante se dio poco después que la oposición denunció el arresto de un miembro del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, en una sede capitalina de la policía política.
Las autoridades detuvieron la víspera al integrante de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, quien fue acusado por un dirigente oficialista tener en su poder “cordones detonantes para explosivos”.
Los arrestos coincidieron con el ataque con bombas incendiarias y excremento que sufrió la madrugada del martes la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno, y la situación que enfrentaron el lunes cinco trabajadores de la cadena de noticias árabe Al Jazeera que fueron retenidos por las autoridades en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según indicó en su cuenta de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre esos hechos. En medio de la tensa situación política y la severa crisis económica, la mayor cámara de comercios del país instó a respetar el derecho de las empresas del gremio y sus trabajadores de sumarse el jueves a la movilización opositora.
“Hay un desborde represivo por parte de la cúpula gobernante”, afirmó el martes el secretario ejecutivo de la alianza opositora Jesús Torrealba al condenar los arrestos y el allanamiento de las viviendas de otros dos dirigentes de Voluntad Popular.
Torrealba admitió que las horas previas a la marcha del jueves 1 de septiembre son de “peligro” y sostuvo que el gobierno está “desesperado” por la severa crisis económica que enfrenta el país y la caída en la popularidad de Maduro, que ronda el 20% según las principales encuestadoras locales.
El dirigente descartó una eventual situación de violencia y dijo a The Associated Press que “a lo que más le tiene miedo el pueblo venezolano es a que continúe el mandato de Maduro”.
La oposición utilizará la movilización para impulsar la recolección en las próximas semanas de las firmas de 20% de los electores necesarias para activar el referendo contra Maduro.
La alianza opositora apuesta a realizar este año la consulta, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que el referendo pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de Maduro.
La constitución establece que de realizarse el referendo luego de superarse más de la mitad del período presidencial los dos últimos años de gobierno deben ser completados por el vicepresidente.
