Santo Domingo.- Las principales calles comerciales de varias ciudades del país stán cambiando de rostro. Negocios que durante décadas estuvieron en manos de comerciantes dominicanos y de otras comunidades están siendo ocupados progresivamente por establecimientos operados por ciudadanos chinos, una expansión que ha generado preocupación entre representantes del comercio organizado.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), advirtió que el fenómeno ya alcanza una dimensión que amenaza la permanencia de los comerciantes tradicionales y atribuyó parte de esta situación a lo que considera una competencia desleal y una falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades.
García citó el caso de la Asociación de Comerciantes de las calles Duarte y Mella, que durante años estuvo integrada a la federación. Según explicó, de los 91 establecimientos que pertenecían a esa organización, actualmente solo quedan siete.
“Ya prácticamente la Duarte, la Mella, la José Martí, son tiendas de ciudadanos chinos”, afirmó a periodistas de EL Día.
El presidente de la FDC señaló que una situación similar se registra en Santiago, San Francisco de Macorís y Moca, donde los comerciantes tradicionales han visto cómo sus antiguos espacios comerciales son ocupados progresivamente por nuevos establecimientos.
En Santiago, específicamente en las calles Del Sol y 30 de Marzo, García aseguró que cerca del 95 % de los comercios del sector de repuestos ya son chinos.
Explicó que, en numerosos casos, los propietarios dominicanos conservan la propiedad de los locales, pero han decidido alquilarlos a comerciantes chinos.
Para García, esto está provocando una transformación acelerada de las principales arterias comerciales del país.
García denunció que algunos establecimientos estarían operando con prácticas que, a su entender, les permiten reducir sus costos frente al comercio formal.
Mencionó, entre otros aspectos, el predominio de las ventas en efectivo y cuestionó el cumplimiento de las normas de facturación y comprobantes fiscales.
También reclamó que se verifique la situación laboral de los empleados extranjeros y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la contratación de mano de obra extranjera.
La preocupación de los comerciantes es que, mientras los negocios formales deben asumir impuestos, seguridad social, obligaciones laborales y requisitos administrativos, quienes evadan parte de esas responsabilidades podrían competir con una estructura de costos mucho menor.
¿Competencia o competencia desleal?
La discusión no gira, según los empresarios, en torno a impedir la llegada de nuevos comerciantes ni a rechazar la competencia.
Ángel Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), fue enfático en que el comercio dominicano no teme competir, pero reclama que todos lo hagan bajo las mismas reglas.
“El comercio local no le molesta y no le preocupa la competencia. Ahora, tiene que ser una competencia sana”, sostuvo.
El empresario cuestionó que un negocio pueda ofrecer precios significativamente más bajos si no asume las mismas obligaciones que los establecimientos formales.
Entre los aspectos que pidió revisar están el pago de impuestos, la declaración de mercancías, la facturación, la formalización de empleados y los aportes a la seguridad social.
“Los chinos no inventaron la venta barata”
Viro también cuestionó la percepción de que los comerciantes dominicanos mantienen precios elevados y que los nuevos establecimientos son los únicos capaces de vender barato.
Sostuvo que el problema debe analizarse desde las condiciones bajo las cuales opera cada negocio.
Además, hizo un llamado a los consumidores a no tomar únicamente el precio como criterio de compra y prestar mayor atención a la calidad de los productos.
Defendió la necesidad de fortalecer un mercado en el que los productos dominicanos puedan competir por calidad y estándares, y expresó preocupación por la entrada de mercancías que, según sostuvo, podrían ser de menor calidad.
Los empresarios consideran que el fenómeno dejó de ser exclusivamente una preocupación del comercio tradicional.
Viro advirtió que si determinados negocios no cumplen con sus obligaciones tributarias, el impacto termina alcanzando las recaudaciones del Estado.
“Del dinero público o del impuesto que se cobra se hacen todos los servicios”, explicó.
Por ello, sostuvo que la fiscalización debe determinar quién cumple y quién no, independientemente de la nacionalidad de los propietarios.
Permisos de construcción bajo cuestionamiento
Uno de los puntos que más preocupa a los empresarios es la rapidez con la que algunos establecimientos de gran tamaño estarían siendo habilitados.
Viro cuestionó que un empresario pueda tardar meses en completar los procesos necesarios para instalar un negocio mientras aparecen establecimientos de grandes dimensiones en períodos considerablemente más cortos.
Señala que las autoridades deben verificar que estas edificaciones cuenten con los permisos correspondientes y cumplan las normas de construcción y seguridad.
Explicó que la situación trasciende el ámbito comercial cuando una estructura es levantada sin cumplir los requisitos establecidos, debido al riesgo que esto podría representar para trabajadores y clientes.