Awilda Cuello 
Nassef Perdomo.
SANTO DOMINGO.– Al ser preguntado sobre su parecer en cuanto a la propuesta de unificar las elecciones, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo dijo que personalmente preferiría el modelo de elecciones de medio término, parecido al instaurado en la reforma constitucional de 1994.
“Se está proponiendo unirla todas (las elecciones) como las teníamos hasta el 1994, me encuentro bien la propuesta porque la situación que tenemos ahora es lo peor de dos mundos”, afirmó Perdomo, quien también es catedrático.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, Perdomo señaló que, aunque la unificación de las elecciones es un tema debatible, en esencia, se trata de una cuestión de preferencia.
En 1994, una crisis política llevó a consensuar una reforma constitucional que redujo el período presidencial a dos años, lo que resultó en la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales. Perdomo explicó que el régimen actual dificulta la alternancia política, pues para los partidos de oposición, realizar dos elecciones en un mismo año es mucho más complicado que para los partidos de gobierno.
Sobre la propuesta de disminuir la matricula en la Cámara de Diputados, Nassef Perdomo consideró que no es que esté bien o mal, pero ninguno de los argumentos que han avanzado “me resultan convincente y creo que se van a crear problemas que no tenemos en la actualidad”.
Sobre la propuesta de reducir la cantidad de diputados en la Cámara, Perdomo manifestó que, aunque no está necesariamente en contra, los argumentos presentados hasta ahora no le parecen convincentes y podrían generar problemas que no existen en la actualidad.
«Disminuir el número de diputados podría crear un problema que no se percibe de inmediato», advirtió.
En relación a los cambios propuestos al régimen del Ministerio Público en el proyecto de reforma, Perdomo subrayó que la independencia de esta institución no se encuentra en cuestión.
Añadió que la independencia del Ministerio Público ya está garantizada en la Constitución, como un órgano de gobierno propio, con su carrera y autonomía presupuestaria. “Estos elementos son los que aseguran la verdadera independencia del Ministerio Público», concluyó.
