Muy mal síntoma ese de andar pidiendo la muerte de periodistas. Gravísima señal esa de andar clamando por la muerte, en un país donde hay una gran violencia latente y constantemente manifiesta, donde la vida humana se ha devaluado al punto de que matar se ha convertido en una industria y se mata a diario con pavorosa frialdad.
Uno de los peores indicios más ominoso en cualquier tiempo es la hostilidad hacia los periodistas capaces de mantener su opinión independiente.
Esa opinión libre ha sido siempre uno de los blancos de todos los déspotas y pichones de dictadores.
Peor aún, muchas veces las grandes desgracias de nuestra historia se han inaugurado con la muerte trágica de algún periodista.
Se dice que cuando Pedro Santana vendió la República en 1861, felicitó a los colonialistas españoles porque él les estaba entregando un país sin abogados ni periodistas.
El preludio de la horrorosa tiranía de Trujillo fue el frío asesinato en junio de 1930 del periodista Virgilio Martínez Reyna, muerto en su casa de San José de las Matas, junto a su esposa embaraza Altagracia Almánzar. La larga cadena de muertes de la dictadura balaguerista de los doce años tuvo uno de sus trágicos comienzos el 17 de enero de 1967, con la desaparición criminal del periodista, Guido Gil.
Aquí hay un amplio margen de libertad política, merced a una lucha que ha costado miles de muertos, pero en ese mismo ambiente se extienden, como se extiende la mala yerba, sentimientos y expresiones de conductas propias del fascismo, como son el racismo, el nacionalismo patriotero y la xenofobia.
Sus portavoces están a la vista y hacen uso del derecho que consideran les asiste a manifestarse y propagar esas opiniones.
Pero ya es pasarse peligrosamente de la raya y emponzoñar el ánimo público aquello de pedir la cabeza de cualquier ciudadano, y peor aún, andar incitando a matar a quienes desde la tribuna del periodismo libre y honrado ejercen su derecho.
Aquí hay varios comunicadores acosados por grupos intolerantes. Cuatro de esos comunicadores, de sobra conocidos, se han querellado ante los tribunales competentes. Correcto.
Pero la trascendencia del caso rebasa el ámbito estricto de lo jurídico y se precisa de una permanente vigilancia, porque esos gritos de muerte apuntan al corazón de la libertad de opinión y del derecho a disentir.
