Senabri Silvestre 
Santo Domingo.-La creciente violencia contra la mujer no sólo deteriora la salud física y psicológica de las víctimas, sino que también provoca un efecto perverso sobre sus finanzas, forzándola a gastar entre 35 % y 55 % de su salario anual para recuperarse.
Las abusadas que acuden a centros públicos e instituciones sin fines de lucro tienen un gasto promedio de RD$52,419.00 en un periodo de ocho meses a un año.
Mientras que las mujeres que se dirigen a centros privados pagan alrededor de RD$218,685.41; cuatro veces más que las que reciben asistencia gratuita.
Esos gastos corresponden al pago del transporte y de servicios legales, médicos y alimentación que deben cubrir las víctimas durante su tratamiento.
Así lo revela el estudio “Estimación del costo económico de la violencia contra la mujer en República Dominicana periodo 2011-2015”, auspiciado por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La investigación realizada por los egresados de esa carrera: Ana Gelimer Romero, Mary Eliza Báez y Nacor Matos Custodio, se basa en la implementación de una encuesta especializada a mujeres que se atienden en las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia y el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia del Distrito Nacional.
“Al principio uno no cree que este problema es tan profundo, pero cuando investigamos descubrimos que el daño es tan grave que ni ellas mismas se dan cuenta que están siendo víctimas de violencia”, dijo Matos Custodio a EL DÍA.
Gastos indirectos
La violencia contra la mujer también tiene una connotación negativa indirecta sobre la capacidad de producir recursos.
Los daños físicos y psicológicos obstaculizan su rendimiento laboral, ya que disminuye su capacidad para concentrarse, su autoestima y motivación. Otras dejan de acudir al trabajo hasta por miedo.
Según la investigación realizada entre septiembre y octubre del año pasado, el 73.8 % de las 120 mujeres encuestadas dejó de asistir a su trabajo por un promedio de siete días laborables a consecuencia del maltrato recibido.
Esto conllevó a una pérdida de días laborables de 89,558 en 2014 y 87,887 en 2015. Estos datos resultan de multiplicar las 77,989 denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República entre 2011 y 2015 por los siete días que las víctimas dejan de trabajar.
No sólo ellas perdieron por esa causa. Sus empleadores incurrieron en altos costos resultantes de días improductivos, permisos imprevistos, tardanzas, accidentes laborales y rotación de personal que amerita contratación y costos de entrenamientos.
Un 20 % de las mujeres entrevistadas perdió su trabajo en ese período (2011-2015) y el 70 % de esos casos se debió a despidos por parte de sus patrones.
Costos de feminicidios
Ana Gelimer Romero, Mary Eliza Báez y Nacor Matos Custodio también estimaron los costos de los feminicidios, considerando el ingreso que hubiesen producido las víctima a lo largo de su vida.
Explicaron que entre los años 2011 a 2015 murieron 472 mujeres de entre 20 y 34 años a manos de sus parejas o exparejas, “lo que indica que perdieron la vida en la etapa más productiva”. Asumiendo que entraron al mercado laboral a los 18 años y pudieron haber cesado a los 65, el promedio de años laborales perdidos fue de 28 por cada dama fallecida.
De acuerdo a sus cálculos, este dato supondría un total de 5,066 años laborales perdidos entre todas las víctimas para el año 2011, 2,681 en 2014 y 2,691 para 2015.
Asimismo, el costo por pérdida de productividad (los ingresos dejados de generar) fue de RD$544.41 millones en 2011; RD$288.08 en 2014, y RD$289.2 en 2015. No obstante, se debe precisar que el valor intrínseco de una vida es totalmente inmensurable.
Para el periodo 2011-2015, los costos acumulados de la violencia contra la mujer en la República Dominicana, incluyendo los gastos institucionales destinados a prevención, ascendieron a RD$14,945.45 millones.
Esto es igual a un promedio de RD$2,989.10 millones por año y representa un 0.12 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Nacor Matos Custodio aclaró que dicha estimación fue realizada sobre la base de las denuncias reportadas ante la Procuraduría, debido al carácter de invisibilidad del problema.
“Esto sólo nos permite ver la punta del iceberg, ya que existe una gran cantidad de mujeres que no hacen público el abuso al cual son sometidas”, dijo.
Los investigadores obsevaron que un gran porcentaje de los casos de violencia contra la mujer tienen raíz en la pobreza, ya que la dependencia económica hacia sus parejas las convierte en presas seguras para su agresor.
“De modo que, implementar políticas públicas con miras a reducir el desempleo, creando mayores oportunidades para las féminas podría reducir el riesgo de caer en este flagelo”, sugiere el informe.
Otras sugerencias
El estudio añade que no es suficiente entender que la violencia contra la mujer es en esencia la causante de pérdidas económicas y humanas, sino también que constituye un obstáculo al desarrollo social, limitando el sano crecimiento de las familias y de la sociedad en general, y drenando sus recursos escasos.
Considera que la sociedad dominicana está emplazada a presentar alternativas para su eliminación y cualquier alternativa obliga a incurrir en costos.
“Datos como los que se han mostrado en esta investigación podrían facilitar el diseño y la aplicación de políticas públicas encaminadas a eliminar el mal que cada año acaba con un centenar de mujeres por año”, concluye.
