Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra todos los implicados en el caso Anti Pulpo, menos contra el excontralor de la República Rafael Germosén Andújar, para que sean cumplidos en la cárcel del Nuevo Modelo de San Cristóbal.
Según consta en el expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el imputado Alexis Medina, mediante una estructura de corrupción logró sustraer RD$4,796 millones de los fondos públicos con el tráfico de influencia “era clave en el entramado delictivo” en el que Alexis Medina operó “como un pulpo y que aprovechó la conexión política con la gestión presidencial de su hermano” el expresidente Danilo Medina.
«Esto ha sucedido porque el imputado Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente de la República Danilo Medina, para como un pulpo mover sus tentáculos en diversas instituciones del Estado y sustraer miles de millones de pesos», expresó Wilson Camacho.
El primero en ser juzgado fue el excontralor de la República Rafael Germosén Andújar, quien colaboro en su testimonio al dar detalles sobre el proceso de facilitación de pagos en la Contraloría General de la República.
Por lo que el Ministerio Público pidió variar la medida de coerción contra Rafael Germosén para que cumpla una prisión domiciliaria.
Germosén dijo que en los 4 años en que fungió como contralor general de la República autorizó dispensas, es decir celeridad en los pagos, en 10 procesos en los que de alguna manera se violaba la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
El exfuncionario se defendió este domingo de las acusaciones que le imputa el Ministerio Público como parte de la red societaria de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y que es acusada de estafar al Estado dominicano con casi 5 mil millones de pesos.
Germosén dijo que fue sacado del cargo de contralor de la República porque no accedió a darle celeridad a unos pagos en en una reunión que sostuvo con el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, y Francisco Pagán, exdirector de la OISOE.
«Producto de esa reunión que hubo donde participaron la ministra de Educación de entonces, el director de la OISOE, Francisco Pagán, la ministra de Salud Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta al ver que yo no temperé en la celeridad y certificación de esos contratos fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor general de la República», dijo Germosén en el estrado.
Mientras que en caso de Carmen Magalys Medina Sanchez, la fiscalia argumenta que esta en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Recordó el refrán que reza “lo mucho hasta Dios lo ve”, al referirse a la forma en que el Fonper llamó a procesos de contratación por comparación de precios y citó uno en el que se presentaron seis empresas, de las cuales cinco eran de su hermano Juan Alexis.
Sostuvo que Carmen Magalys se convirtió en “una vía para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos de licitación por comparación de precios en el Fonper”, como se evidencia en al menos 23 casos.
En el caso de Fernando Rosa, la fiscalía explicó que el director del Fonper, tiene una hija que le ayudaba a lavar activos y a la que ocuparon 20 mil dólares.
Planteó que los hermanos Medina Sánchez y Rosa hacían proselitismo político con dinero público a favor de una candidatura fallida (la de Lucía Medina al Senado), con dinero del Estado, en una época en la que hasta 11 niños fallecieron durante un fin de semana, en un hospital público por falta de recursos para comprar oxígeno.
Además el Ministerio Público aclaró que tiene bajo investigación por sospecha de sobrevaluación todas las obras realizadas por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), durante la gestión de Fernando Rosa.
“Todas están bajo investigación del Ministerio Público, por sobrevaluación”, especificó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, durante la audiencia para conocer las medidas de coerción contra los detenidos en la Operación Anti Pulpo, que preside el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el caso del exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, el Ministerio Público lo acusa de su presunta vinculación en la red de corrupción, al realizar compras que en algunos casos ponía en peligro la salud de los ciudadanos.
Además de estafa se le agrega posible daño a la salud por la compra de un kit de Semana Santa de un producto no apto para el consumo humano.
«El ministro de Salud era quien tenía que velar porque eso no pasara, tenía todo para actuar a conforme a derecho y no lo hizo, por lo que pedimos 12 meses de prisión preventiva a ser cumplida posterior a declararse complejo el caso en el CCR Sancristobalense que no es Najayo», dijo Reynoso al hacer la petición contra el exfuncionario.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra José Dolores Santana, acusado de ser testaferro activo en la red de empresas de Alexis Medina Sánchez.
El órgano de la persecución aseguró también que el imputado ha pretendido eliminar evidencias de la investigación, por lo que resulta importante que permanezca en prisión.
“Uno de los testaferros que más aparecen realizando transacciones millonarias es José Dolores Santana”, explicó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, tras sostener que aparece como accionista y directivo de varias de las empresas, incluida Domedical Suply SRL, que participó como proveedora para el equipamiento de hospitales públicos. Para colmo, agregó, también trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, entidad receptora de los servicios.
Indicó que, incluso, cuando el Ministerio Público desarrollaba la investigación en el Ministerio de Salud, Dolores Santana trató de alterar evidencias pretendiendo entregar equipos faltantes.
Imputados que faltan por conocimiento de medida de coerción
Los que faltan son Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Wacal Vernavel Méndez Pineda, cuyo expediente fue fusionado por Vargas con el de los primeros detenidos por el Ministerio Público.
Para finalizar queda Alexis Medina, quien es señalado como el líder del entramado social acusado de desfalcar al Estado durante los gobiernos de su hermano, el expresidente Danilo Medina.
