SANTO DOMINGO .-El Ministerio Público presentó este viernes ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional sus conclusiones formales contra los imputados del caso Antipulpo y solicitó la apertura juicio y la admisión total de las pruebas.

Así lo informó la procuradora de corte Mirna Ortiz quien aseguró que los imputados por corrupción administrativa del expediente Antipulpo serán enviados a juicio de fondo.

“El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones formales en este proceso, solicitando la apertura juicio y la admisión total de las pruebas, así como del escrito de acusación, esto va a generar inequívocamente que el juez de envío a juicio”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Además, Ortiz destacó que “la cantidad de pruebas y hechos presentados por el Ministerio Público, no podrán ser variados por ningún tipo de alegato ni prueba que pretenda presentar la defensa”.

Asimismo, la litigante, detalló que dentro de lo solicitado al tribunal, estuvo el mantenimiento de las medidas de coerción y el restablecimiento de la prisión preventiva para aquellos imputados que les fue variada.

“En relación a las medidas de coerción, hemos solicitado que sean mantenidas aquellas que no han sido variadas y con relación a las medidas de coerción de Juan Alexis Medina, Wacal Méndez, Fernando Rosa, que fueron variadas a arresto domiciliario, en razón del recurso de apelación que tenemos depositado, hemos solicitado que con la medida de coerción que deben ir a juicio es con la prisión preventiva, que fue la medida impuesta ante la Jurisdicción de Atención Permanente”, dijo Ortiz.

La procuradora de corte también se refirió a la solicitud realizada por algunas de las defensas para que se excluya del proceso al Estado dominicano.

“El Estado es una parte del proceso, desde nuestro punto de vista, solicitando el resarcimiento económico, que no le está permitido por ley solicitar al Ministerio Público”, dijo Ortiz, quien también especificó que el Estado “acompaña al Ministerio Público en la persecución penal y solicita las indemnizaciones civil, que no es más que el resarcimiento del daño que se le ha causado con la depredación, con el robo que ha realizado esta red de corrupción en las instituciones públicas”.

Ortiz estuvo en el tribunal junto al equipo que encabezó el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, y los fiscales Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto, Héctor García, José Miguel Marmolejos y Elizabeth Paredes.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el proceso el próximo lunes 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

La audiencia de este viernes fue celebrada, por asuntos de espacio, en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.