Santo Domingo.- El Ministerio Público reveló que la estructura desmontada en la operación Cobra manipuló el sistema de vacunación nacional para facturar vacunas nunca aplicadas, inflar estadísticas y favorecer a centros privados contratados de manera irregular.
La solicitud de medida de coerción detalla que el entramado, liderado por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, habría desviado más de RD$1,482 millones del programa de inmunización entre 2021 y 2025.
Hasta el 2019, la vacunación cubierta por SeNaSa se realizaba casi exclusivamente en centros públicos. El seguro “solo contaba con dos prestadores privados para vacunación”, y se limitaba a reconocer el costo de administración de las dosis suministradas gratuitamente por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
La investigación confirma cómo funciona el sistema regular:
“El Ministerio de Salud Pública despacha las vacunas a 40 Direcciones Provinciales y de Áreas, que a su vez las distribuyen a 1,400 puestos de vacunación en todo el país”, describe el expediente. Estas dosis provienen del Fondo Rotatorio de la OPS y “no están destinadas para ser vendidas a centros privados”.
En campañas masivas entre 2022 y 2024, Salud Pública distribuyó gratuitamente más de 12.3 millones de dosis, alcanzando coberturas superiores al 98 %.
La ruptura del sistema: un comité ilegal y una red privada multiplicada
El cambio llegó en 2020 con la entrada del imputado Santiago Hazim como director de SeNaSa.
Según el Ministerio Público, Hazim creó “un Comité de Contrataciones Médicas sin sustento legal, alterando el protocolo vigente y habilitando centros privados para vacunación”, lo que permitió que la red pasara de 2 prestadores privados a 20 en 2025.
La solicitud de coerción afirma que: “la estructura criminal aprovechó la libertad de contrataciones, los fondos y los mecanismos del programa nacional de vacunación para inflar estadísticas y facturar vacunas nunca aplicadas.”
También señala que los imputados “manipularon deliberadamente los procesos de contratación y habilitación”, orientando decisiones para beneficiar a empresas privadas específicas.
El crecimiento inexplicable de la facturación
Un informe interno de SeNaSa citado por el MP revela que:
“Entre 2021 y 2023, la población usuaria de servicios de vacunación se triplicó, pasando de 16,768 a 63,619 personas.”
Dice además que las autorizaciones médicas subieron de RD$50 millones en 2021 a más de RD$279 millones en 2023.
Un incremento del 453 %.
El monto facturado alcanzó en 2023 un máximo de RD$465 millones, casi nueve veces más que en 2021.
Entre enero de 2021 y septiembre de 2025, el gasto total ascendió a RD$1,482,863,701.40, de los cuales RD$407,370,110 corresponden a vacunas del PAI las mismas que deberían administrarse exclusivamente en centros públicos.
El Ministerio Público señala que:
“Se pudo constatar que existen centros que adquieren estas vacunas de la dispensación del Ministerio de Salud Pública.”
Auditorías revelan vacunaciones inapropiadas, inexistentes y sobreprecio sistemático
Las auditorías médicas realizadas a prestadores como Escudea Centro de Vacunación Infantil, Super Kiddos, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, Vacumed y otros, identificaron patrones de fraude.
Entre los hallazgos más graves, el expediente citan que la "facturación de inmunización no pertinente según edad y esquema de vacunación.”
Por ejemplo, la vacuna DPT se facturaba a RD$3,500 cuando debía aplicarse la DT de RD$1,000 en niños mayores de 7 años, generando “RD$2,500 de sobreprecio por cada autorización”.
“La facturación desagregada generaba una sobrefacturación de RD$1,700 por cada servicio autorizado", dice el expediente.
La investigación también detectó:
“Vacunas no aplicadas comprobadas mediante revisión de tarjetas y testimonios de afiliados.”
“Reclamaciones sin firma de conformidad del afiliado.”
“Servicios no brindados y vinculados a afiliados que compartieron sus tarjetas de vacunación.”
“Vacunas aplicadas pertenecientes a los lotes entregados por el Ministerio de Salud Pública.”
Incluso se documentaron casos de “negación de servicios” y falta de validación sobre qué vacunas y en qué sucursales se estaban aplicando.
Una red que convirtió la prevención en negocio
El Ministerio Público sostiene que la manipulación del sistema de vacunación fue solo uno de los ejes del esquema de corrupción, pero uno especialmente grave, porque comprometió recursos destinados a la salud preventiva y la inmunización infantil.
“Desvió recursos vitales para la población más vulnerable, alteró estadísticas oficiales y convirtió fondos públicos en un mecanismo de enriquecimiento ilícito”.
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Edili Arias
Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.
