El abogado y escritor, Carlos Salcedo. Fuente externa
He escrito antes y durante los dos últimos mandatos presidenciales sobre lo que he calificado como un festival gubernamental de anuncios, publicidad y promociones no justificado.
Un gobierno encabezado por Luis Abinader, con un compromiso con la integridad y la austeridad, no puede ni siquiera explicar el dispendio de recursos que más bien buscan darle visibilidad a funcionarios.
En Argentina, al finalizar el pasado año, Milei volvió a aplicar “la motosierra”, al suspender la pauta publicitaria oficial también para el 2025.
Puede considerarse como un duro golpe para los medios comunicación. Pero, si el presidente quiere dar una contundente prueba de su política de austeridad y priorización de la eficiencia del gasto público, debe, al menos, reducir drásticamente las erogaciones no esenciales, como la comunicación, publicidad y prensa del Gobierno.
Sería reducir las campañas institucionales y comunicaciones onerosas del Gobierno, permitiendo sólo aquellas que las circunstancias así lo justifiquen, sean estas obligatorias legalmente o campañas en casos de fuerza mayor o comunicaciones estrictamente necesarias.
Si un objetivo importante del Gobierno es reducir el gasto superfluo y que los limitados recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y transparente, este sería un anuncio importante, que de seguro permitirá que esos recursos puedan ser empleados en seguridad pública y ciudadana, después del retiro de la reforma fiscal.
Oficialmente, el presupuesto asignado en 2024 para estrategia de comunicación, publicidad y prensa fue de casi 4,200 millones de pesos, elevándose en unos casi 2,139 respecto del de 2023 y eso nos parece a muchos exagerado y más que se habla de una mayor cantidad de recursos empleados.
Si el Gobierno quiere dar otras demostraciones de priorización de los recursos públicos en áreas estratégicas como educación, salud, vivienda y seguridad, debe reducir los recursos empleados en la propaganda oficial.
Esta medida, de reducción importante, por al menos un año, de las pautas oficiales, sería un paso fundamental hacia un gobierno más eficiente y transparente, que no derrocha los fondos públicos.
Las únicas cuestiones necesarias son las campañas esenciales para garantizar la información al ciudadano, con lo que el Gobierno ampliaría su promesa de reducir gastos innecesarios y pondría de relieve la necesidad de controles legales y administrativos más estrictos.
Ojalá Abinader aplique la poda de pautas oficiales como regalo de Año Nuevo, ganando mucho en legitimidad.
