El abogado y escritor, Carlos Salcedo. Fuente externa
A pesar de la reciedumbre moral, limpia y dilatada carrera de Miriam Germán, hay cosas incomprensibles de la procuraduría que preside.
Cuando en marzo hubo un incendio en la Victoria, donde fallecieron 13 personas, aunque actuara adecuadamente, al ser abordada por la prensa, la Mag. Germán indicó que no tenía nada que informar, distando dicha postura de la trasparencia de sus actuaciones.
Muchos acusados se defienden, tanto en sede judicial como a través de los medios de comunicación, para llamar la atención sobre cuestionamientos a las actuaciones del Ministerio Público (MP), sobre todo en casos de corrupción. Buscan con esto equilibrar la fuerza del órgano persecutor, entre otros objetivos.
La Procuraduría y la PEPCA cumplen la labor que legalmente deben realizar. Lo aplaudo, si respetan el derecho de los imputados a acceder a las actuaciones investigativas y evidencias, lo que, recurrentemente, ha sido denegado por el MP y altamente cuestionado.
El MP tiene el derecho de publicar sus logros, pero también los acusados, hasta para contratar a quienes entiendan, para publicar y gestionar lo que consideren.
Con ello no digo que tienen la razón y que no puedan ser encontrados responsables, siempre que se les garanticen los derechos reconocidos en las normas.
De ahí a que la Procuraduría pretenda cercenar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de imputados como de la prensa, a cuestionar y dar a conocer las actuaciones del Ministerio Público, hay un exceso y es peligroso para el Estado de Derecho.
Es posible que haya muchos “opinadores” pagados para decir o callar. Es cuestionable y si hay abusos, las leyes establecen los mecanismos para el resarcimiento de quién ha sido difamado e injuriado.
Hay, sin embargo, quienes lo hacen por convicciones, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pues hay que respetar ese derecho al disenso. Amenazar con mordazas –“medidas cautelares ante las campañas ilícitas en su contra”- es desmesurado, impropio de una Procuraduría presidida por un paradigma de vida en democracia.
Los funcionarios deben aceptar las más incisivas críticas y cuestionamientos. Manejan recursos públicos y deben responder por sus obligaciones. Ante desvaríos, las vías judiciales están abiertas. Jamás callando voces que reclaman sujeción al ordenamiento jurídico.
Algo huele mal en la Procuraduría. ¿Cansancio, ingenuidad, irresistencia a responder, intolerancia? Valor y conocimiento le sobran a la magistrada Germán. ¿Qué pasa ahí?
