MONTE PLATA.— La situación relacionada con la propiedad de terrenos en Monte Plata mantiene en preocupación a parceleros, productores y residentes de distintas comunidades, debido a denuncias de ocupaciones de parcelas, conflictos entre propietarios y ocupantes, tala de árboles, incendios y procesos judiciales que se prolongan durante años.
Organizaciones de parceleros, entre ellas el Bloque de Mujeres Parceleras, la Liga de Parceleros Cristianos y FEDELA, han planteado ante las autoridades la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y agilizar los procesos relacionados con los conflictos por la tenencia de la tierra.

Los denunciantes aseguran que algunos de los terrenos afectados cuentan con títulos de propiedad y documentos que acreditan la posesión de sus propietarios, pero que aun así han sido ocupados o utilizados para establecer asentamientos.
La situación, según las organizaciones, genera incertidumbre entre quienes dependen de la producción agrícola y de la propiedad de sus parcelas, además de aumentar la tensión en comunidades donde los conflictos por terrenos se mantienen durante largos períodos.
A estas denuncias se suman señalamientos sobre un supuesto respaldo de sectores políticos a determinadas ocupaciones. Los parceleros sostienen que algunas personas estarían promoviendo o protegiendo ocupaciones como una forma de responder a demandas sociales, principalmente relacionadas con empleos y otras promesas.
Procesos que se prolongan
Uno de los principales reclamos de los parceleros está relacionado con la lentitud de algunos procesos judiciales. Afirman que existen expedientes depositados ante el Ministerio Público desde hace años y casos en los que, según sus denuncias, se han emitido órdenes de arresto que no han sido ejecutadas.
Los representantes de las organizaciones cuestionan que, pese a la existencia de denuncias, documentos de propiedad y actuaciones judiciales, algunos conflictos permanezcan sin una solución definitiva.
Consideran que la demora en la respuesta institucional profundiza las confrontaciones y puede generar una percepción de falta de protección para quienes poseen legalmente sus terrenos.

El nuevo Código Penal establece herramientas para enfrentar distintas conductas relacionadas con la ocupación y afectación de derechos, pero los parceleros consideran que la existencia de nuevas disposiciones legales debe estar acompañada de investigación, prevención y aplicación efectiva de la ley.
Reclaman respuesta institucional
Ante este panorama, las organizaciones han decidido elevar sus reclamos y gestionar encuentros con representantes del Ministerio Público y otras autoridades vinculadas al tema.
El objetivo, según plantean, es buscar mecanismos que permitan revisar los expedientes pendientes, determinar responsabilidades en los casos denunciados y establecer procedimientos que eviten que los conflictos por terrenos continúen escalando.
El reclamo también plantea un desafío social: garantizar el derecho de propiedad sin desconocer las necesidades de familias que buscan acceso a tierras.
Los parceleros sostienen que cualquier solución debe desarrollarse dentro del marco legal, mediante mecanismos de acceso a la tierra que sean ordenados y transparentes, y no a través de ocupaciones.
Para las organizaciones, Monte Plata necesita una respuesta institucional que combine seguridad jurídica, aplicación de la ley y atención a las demandas sociales, con el propósito de evitar que los conflictos por terrenos continúen afectando la convivencia y la producción en la provincia
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