Senabri Silvestre 
Comisión designada por el presidente Danilo Medina concluyó que el proceso incumplió un punto del reglamento de Ley 340-06.
Santo Domingo.-La propuesta de modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, planteada por la Comisión Investigadora de la Licitación de Punta Catalina, busca darle al Estado mayor capacidad de negociación al momento de adquirir bienes o concesionar obras.
Señala que la Ley 340-06 pone en desventaja al Estado en su capacidad de lograr mejores condiciones y precios frente a las empresas privadas.
Así lo evidenció el proceso de adjudicación de las dos plantas de carbón, ya que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (La contratante) no tuvo la autorización legal para abrir las Ofertas Económicas de los participantes que no pasaron la Evaluación Técnica en la licitación (etapa previa).
Al no conocer las otras propuestas, el Estado quedó privado de negociar un mejor precio que el ofertado por la empresa ganadora (Odebrecht).
Esa es parte de las recomendaciones hechas por la comisión en el informe que entregará hoy a las 11:00 de la mañana al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.
Los comisionados también sugieren modificar la legislación para que permita declarar desierta una licitación si no tiene como mínimo dos oferentes clasificados al final del proceso, contrario a lo que sucedió con las centrales de Punta Catalina, donde sólo se evaluó la oferta económica de uno (el consorcio ganador).
Precios en segunda ronda
La Comisión propuso establecer un mecanismo para a partir de ciertos montos cualquier licitación esté sujeta a una segunda ronda, que permita a los concursantes perdedores en un plazo de 30 días hacer una oferta económica con un descuento que supere el 5 por ciento de la oferta ganadora.
El que quedó en primero tiene la opción de igualarla y en ese caso se le adjudicaría, pero en caso de no hacerlo se le daría al que hizo el descuento.
Con esa propuesta se busca que el Estado pueda obtener los mejores precios posibles en un proceso de licitación.
Explica que si al sector privado se le permite negociar el mejor precio posible, al Estado no se le debe prohibir la oportunidad de hacer lo mismo en beneficio de las finanzas públicas.
