Mirna Ortiz critica sensibilidad de imputados en caso Medusa: “No tuvieron ese tacto cuando se robaron el patrimonio público”

SANTO DOMINGO.- Mirna Ortiz, procuradora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuestionó la sensibilidad mostrada por los imputados en el caso Medusa, encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, por la forma en que el Ministerio Público ha denominado los expedientes.

Según Ortiz, esa misma sensibilidad no estuvo presente “cuando se robaron el patrimonio público”.

La magistrada ofreció estas declaraciones al salir de la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que el juicio contra los acusados fuera aplazado para el 23 de junio.

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“La susceptibilidad está a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre esos casos; sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público”, expresó Ortiz. Añadió que algunos imputados solo buscan llamar la atención mediática y obtener titulares.

La procuradora de corte también señaló que parte de la ciudadanía se enfoca más en cómo el Ministerio Público nombra los casos judiciales que en los hechos en sí, que en este caso implican el presunto desfalco de recursos del Estado.

El caso Medusa es uno de los procesos judiciales más relevantes por corrupción en la República Dominicana, y ha generado gran interés público debido al perfil de los implicados y la magnitud de los cargos.

El aplazamiento del juicio fue dispuesto por la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, al restablecer los plazos del proceso y ordenar la notificación formal al imputado Juan Asael Martínez. Esta decisión se produjo luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera una recusación interpuesta por Jean Alain Rodríguez contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado.

Los imputados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).

Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.