Claudio Caamaño Vélez
Quizás será desesperación o simplemente falta de escrúpulos (o ambas), pero el gobierno se está pasando en su afán de imponer a Gonzalo Castillo.
Han metido el gabinete de gobierno a buscar votos donde sea y como sea.
Como parte de su equipo de campaña están (hasta ahora) los ministros de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio Ambiente, Juventud y Administrativo de la Presidencia.
También los directores del Banco de Reservas, Banco Agrícola, Impuestos Internos, Presupuesto, SeNaSa, Indotel, OICOE, Egehid, CAASD, Zonas Francas, Recursos Hidráulicos, Asistencia Social, Instituto Nacional de Educación Física, Comunicaciones, Correos, Titulación y el Intrant.
Así como los viceministros de Edificaciones del MOPC, y de Políticas Sociales; y los superintendentes de Bancos y de Valores.
Todo esto a pesar de que la Ley de Función Pública (41-08) es muy clara en el numeral 13 de su artículo 80, que prohíbe a funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones.
Los desvergonzados funcionarios alegan que eso solo aplica al horario laboral, como si sus influencias no salen más allá de sus despachos.
Me gustaría saber ¿qué ocurre con un empleado público que le falta el respeto a un ministro el fin de semana? O si solo son ministros de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., ¿por qué andan con choferes y guardaespaldas fuera de ese horario?
Algo similar pasa con los jueces y (en teoría) con los fiscales, que mientras ocupen sus cargos no pueden hacer proselitismo, y no solo en “horario de trabajo”.
No se les está vulnerando ningún derecho. Nadie está obligado a ser funcionario, ellos tienen la libertad de renunciar. Si deciden permanecer en sus puestos deben respetar las limitaciones de su investidura.
Pero hay que entenderlos, la cárcel es un lugar al que nadie quiere ir, menos después de tener tantos privilegios. A quien no entenderé es a mi pueblo si dejamos que se salgan con la suya.
