Juan Miguel Castillo Pantaleón
Santo Domingo.- El jurista y experto en relaciones dominico-haitianas, Juan Miguel Castillo Pantaleón, abordó el tema haitiano, subrayando que la política migratoria del Estado debe ser integral para lograr su efectividad.
«No importa la voluntad de una persona, incluso si es líder de una institución; si no se complementa con otros elementos, la sociedad tiene razones suficientes para sentir que la presencia de indocumentados debe reducirse a niveles tolerables», destacó.
Castillo advirtió que la sobrepoblación de haitianos en el país está comprometiendo su estabilidad y señaló que, en el contexto de una reforma fiscal, parte de los recursos se destina a ofrecer servicios a una población extranjera.
Explicó que la República Dominicana mantiene un acuerdo bilateral con Haití, concretado en un protocolo de repatriación durante el gobierno de Joaquín Balaguer, el cual establece condiciones que, al ser cumplidas, validan los acuerdos con el gobierno haitiano.
“El gobierno haitiano enfrenta una difícil funcionalidad; el presidente del consejo presidencial de transición, Leblanc Fils, fue destituido recientemente, y de los siete miembros, tres ya han dejado sus cargos por corrupción”, comentó.
Castillo cuestionó las declaraciones de la canciller haitiana, Dominique Dupuy, quien, en un tono beligerante hacia la República Dominicana, convocó a la OEA para calificar de “deshumanizantes” las repatriaciones realizadas por el gobierno dominicano.
El jurista enfatizó que el principal violador de los derechos fundamentales de los haitianos es el propio Estado haitiano, que no les proporciona documentos de identidad necesarios para regularizar su situación migratoria en el extranjero.
«Esto es parte de un chantaje victimista que intenta culpar a los vecinos y al mundo por las incapacidades del Estado haitiano. Quienes han desbaratado Haití son los propios haitianos», afirmó Pantaleón.
Expresó además que los haitianos no tienen otro lugar al que acudir que no sea República Dominicana, en busca de servicios como salud, educación, empleo e incluso combustible. Esto genera una presión constante sobre el país.
Señaló que la frontera se define por tratados, ya que no hay un río caudaloso que marque límites territoriales claros, lo que facilita el cruce hacia el país en busca de supervivencia. Además, indicó que la corrupción en las autoridades permite que un raso o un teniente obtengan, a través de sobornos, en una semana lo que equivaldría a años de salario.
«Se pueden deportar 10,000, pero pueden ingresar 20,000. Por ello, el gobierno debe replantear su enfoque sobre las políticas migratorias, complementando sus acciones con factores como la aplicación de la normativa del 80/20», precisó.
Castillo concluyó que los haitianos, en su condición de migrantes ilegales, suelen aceptar trabajos informales en la construcción sin seguridad social, a menudo por salarios más bajos que los dominicanos.
Estas declaraciones se realizaron en el programa Matutino Expreso, que se transmite de lunes a viernes por RTVD Canal 4.
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