Santo domingo.-Los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México acordaron ayer unir esfuerzos para velar por los derechos de la población migrante en Estados Unidos, después de que el presidente electo, Donald Trump, anunciara la deportación de unos 3 millones de indocumentados en conflicto con la ley penal.
Tras una reunión en Ciudad de Guatemala, México, Honduras, El Salvador y el país anfitrión, Guatemala, consensuaron llevar a cabo de forma conjunta políticas “de protección” a los inmigrantes para velar por sus derechos y su integridad.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo que es necesario “hilar muy, muy fino” para “no generar pánico” e hizo un llamado a la calma, pues las políticas migratorias de Estados Unidos no han cambiado.
Hoy más que nunca estamos convencidos de la importancia de mantener una comunicación que sea fluida, que sea permanente y que sobre todo sea muy, muy abierta”, manifestó, por su parte, la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien invitó a los miembros del Triángulo Norte a ir a México en enero para continuar por esta senda.
“La paz y la prosperidad de Centroamérica son la paz y la prosperidad de México”, dijo Massieu parafraseando a su presidente, Enrique Peña Nieto, y con el fin de refrendar el compromiso de su país con la región y con las tres naciones hermanas- “En México no solo tienen un vecino amigo, sino un socio confiable y un aliado permanente".
Con estas palabras, la funcionaria mexicana hizo un llamado para la creación de una plataforma “regional” en la que se sumen los esfuerzos con una visión “de largo plazo” para reforzar los espacios de diálogo y avanzar en temas comunes- la cooperación, el comercio, la seguridad y la migración.
Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las zonas más violentas del mundo, pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que incide en la emigración masiva a Estados Unidos y México, los principales destinos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado diciembre 750 millones para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados- Guatemala, El Salvador y Honduras.
