MONTERREY.— Un motín que dejó 49 reos muertos, golpeados o quemados vivos, plantea serias dudas sobre el poder de las bandas, la extorsión y las violaciones de derechos humanos en las sobrepobladas cárceles mexicanas, donde quienes están a la espera de juicio conviven con algunos de los asesinos más curtidos del mundo.
Estas preguntas no son ajenas a Victoria Casas Gutiérrez, una limpiadora que el jueves esperó durante horas a tener noticias sobre su hijo Santiago Garza Casas, de 21 años, que enfrenta juicio por actuar como presunto vigilante para una banda criminal.
Santiago entró al penal de Topo Chico en septiembre por faltar a una cita de la libertad condicional.
Allí pronto se mezcló con sus residentes, entre los que hay asesinos. Con sus conexiones con las bandas y acceso a drogas y armas, son muchos los que dicen que los Zetas y el cártel del Golfo son quienes mandan en la prisión. “Piden cuotas y si los familiares no traen cierta cantidad… Los golpean”, explicó Casas Gutiérrez.
La cantidad depende de sus delitos, pero puede llegar a ser de miles de pesos. “A veces tenemos que vender nuestras casas”.
“Hay vicio adentro y todo lo que hay adentro es culpa de ellos, de las autoridades”, agregó. Casas Gutiérrez tuvo suerte, el nombre de su hijo no estaba en la lista de 40 muertos publicada el jueves, pero algunos cuerpos estaban tan carbonizados que pasarán días hasta que puedan ser identificados.
A las puertas de la prisión, la situación era dantesca: Los familiares, aterrorizados, esperaban la aparición de nuevos nombres en el listado publicado en dos hojas de papel pegadas en la pared.
