El gobierno de Perú le otorgó este martes un salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo -quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso- para que pueda viajar a México, país que les ha concedido asilo político.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes Navarro, y sus dos hijos se encuentran en la embajada mexicana en Lima a la espera de poder desplazarse al país norteamericano.
Tras la concesión del salvoconducto, el gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone el país, una medida que en el mundo de la diplomacia no es frecuente y suele tomarse en casos extremos.
«Esta decisión se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona non grata a un jefe de misión extranjero», señaló en un comunicado la cancillería peruana.
También indicaron que la decisión responde a «las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (México) sobre la situación política en el Perú».
Por su parte, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, dijo ante la prensa que otorgaron el salvoconducto a la familia de Castillo en atención a sus «obligaciones internacionales».
Sin embargo, remarcó que se informó al gobierno de México de que Lilia Paredes Navarro «se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal del Perú», por el supuesto cobro de sobornos en la concesión de obra pública.
Tensión diplomática
La concesión del asilo a los familiares de Castillo por parte de México ha tensado las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Tras la detención el 7 de diciembre de Castillo -quien es investigado, entre otros, por los delitos de rebelión y conspiración-, el gobierno mexicano expresó su apoyo al exlíder peruano, al que sigue considerando presidente, y atribuyó los procesos en su contra y su destitución a maniobras ilícitas de la oligarquía económica de Perú.
México, Argentina, Bolivia y Colombia aseguraron en un comunicado conjunto que Castillo había sufrido un «hostigamiento» político desde su llegada al poder en julio de 2021 y pidieron su restitución.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró la detención del expresidente «ilegal» y aseguró este lunes su disposición a recibirlo junto a su familia y «todos los que se sientan perseguidos en Perú».
Hace unos días la canciller peruana informó que los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México serían llamados a consultas por sus comentarios sobre la crisis política que vive el Perú.
Mientras, el Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto para adelantar a abril de 2024 las próximas elecciones generales, programadas para 2026.
La iniciativa salió adelante con recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, aunque deberá ser refrendada con una segunda votación en la próxima legislatura, cuyo comienzo está previsto para el 1 de marzo de 2023.
