Carlos Salcedo
La reacción estatal ante el crimen es muchas veces simplista: producir leyes, castigar y, peor aún, severamente, como si el panpenalismo o panpunitivismo resolvieran, como por arte de magia, el problema de la delincuencia.
En un tiempo en el que corrientes importantes de la dogmática penal y de hacedores de política criminal aspiran e implementan un derecho penal de mínima intervención, mayor ampliación de los derechos y garantías y rígida exclusión de medios represivos adoptados fuera de las regulaciones oficiales, como el darle pa’bajo a quienes delinquen, los legisladores iban, como caballos desbocados, a aprobar el “nuevo” Código Penal.
Parecía como que la Constitución se había perdido. Lo peor son los aplausos que reciben quienes prohijan la inflación legislativa y violaciones patéticas a una serie de derechos fundamentales.
Diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana no se reduce a la criminalidad en el coto cerrado del derecho penal, pues sería ignorar los problemas de base en una sociedad, que avanza, pero aun con grandes desigualdades y pobreza material.
Quienes aspiran a un Código Penal antiderechos esenciales deben recordar que los países donde hay mejores niveles de seguridad ciudadana son aquellos en los que reina el bienestar: igualidad, libertad, salud, ingresos justos, viviendas y protección al medio ambiente.
Luego del presidente Abinader afirmar que el código necesitaba estudiarse y consensuarse mejor, el presidente del Senado y la comisión de los diputados a cargo de su estudio y ponderar diversas opiniones de la sociedad, pegaron el freno a su aprobación express, considerando que el tiempo que quedaba de la presente legislatura era muy corto.
Como otros, he denunciado grandes incoherencias y distorsiones de dicha propuesta, manifestos atrasos y la filosofía autoritaria que subyace detrás de él. Llegó el tiempo de la mesura que, ojalá, sirva para leer los proyectos de leyes desde la óptica de una democracia viviente, aquella que aspira a reflejar en su ley sustantiva penal los valores y bienes jurídicos más preciados que predicamos y pretendemos hacer más reales.
La sabiduría presidencial ha dado ahora su fruto. Ojalá que los legisladores le sigan tomando la palabra al presidente y a tantos que queremos que el nuevo Código Penal sea una manifestación clara del compromiso con una sociedad que promete la protección de los derechos fundamentales y que en sus leyes y prácticas así lo incorporan.
