Frederich E. Bergés
El objetivo básico de nuestro sistema de pensiones es procurar cada vez más y mejores pensiones para todos los afiliados al sistema.
El mismo es de capitalización individual donde cada afiliado es dueño de sus dineros acumulados para su futura pensión. Este sistema tiene básicamente tres excepciones.
Ellos son los sistemas de pensiones privilegiados como los de los congresistas o jueces, los que permanecieron en un sistema de reparto estatal y las pensiones especiales con las cuales el poder ejecutivo premia algunos ciudadanos.
Cuando se inició el actual sistema de capitalización el país no tenía experiencia alguna en sus mecanismos de ejecución y control, y estos se viene perfeccionando a lo largo de los años.
Es así como recientemente hemos visto la incorporación de la posibilidad de aportes voluntarios, aunque el tema de la exención impositiva no se resolvió. Poco a poco y de manera discreta las actuales autoridades supervisoras junto a las administradoras de fondos de pensiones van procurando innovaciones y mejoras funcionales al sistema.
La más reciente disposición ha sido la Resolución 572-07 del Consejo Nacional de la Seguridad Social que confiere la posibilidad de unos servidores públicos de retornar al sistema de reparto público. Para ello se fijaron condiciones muy específicas como el mínimo de 20 años de servidor público con edad mínima de 60 años.
Con esta disposición, la cual se alega podría alcanzar unos 20,000 beneficiarios se subsana una vieja deuda del sistema.
Sin embargo, hay otras disposiciones en la Ley 87-01 que regula nuestro sistema de pensiones que el Estado aún no cumple o al menos han quedado en un limbo.
Nos referimos al reconocimiento del derecho adquirido establecido en el artículo 45 de la referida ley. Este enunciado establece un bono de reconocimiento por los derechos adquiridos en virtud de las leyes 1896 y 379 cuyo cumplimento ha quedado confuso e incierto.
Los esfuerzos en pro de la mejoría de nuestro sistema de pensiones deben continuar por el rumbo recién establecido. Ello conlleva el cumplimiento pleno de las obligaciones del Estado. Hacemos votos porque se siga trillando el actual camino de mejoría y cumplimiento de obligaciones del Estado.
