El Estado dispone ahora de 98 mil millones de pesos sumando los fondos permitidos por la Ley de Presupuesto General del Estado 2020, los fondos de Riesgos Laborales, los préstamos del Banco Central y el Banco Mundial, más el nuevo préstamo del FMI.

Además, el Banco Central ha anunciado la liberación de 100 mil millones de pesos y un posible préstamo de hasta 3,000 millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, sin contemplar lo que se pudiera obtener evaluando y reasignando partidas del Presupuesto del Estado, así como las ganancias de las AFP y entidades con gran poder económico y financiero como las ARS, los bancos, los acreedores nacionales e internacionales.

La responsabilidad histórica, política y moral de los congresistas y del Gobierno, de todos los partidos políticos, además de las cúpulas empresariales y el liderazgo social, radica en actuar en coordinación y diálogo, defendiendo los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, mitigando las privaciones de nuestra ciudadanía y acudir en auxilio y protección de la clase trabajadora, las capas populares y medias, las micro, pequeñas y medianas empresas; en fin de todos aquellos que más sufren esta crisis y no tienen para defenderse solos.

Por tanto, es la hora de la justicia, la equidad y la solidaridad, principios establecidos en nuestra Constitución. Bajo ningún concepto puede repetirse que sea la misma población golpeada que pague la crisis con su salario o sus fondos de pensiones, ni dejar a la gente al “sálvese quien pueda”.

Para ello, algunas medidas que se deben discutir son:
1. Prolongación, ampliación y fortalecimiento de los programas FASE y Quédate en Casa con enfoque en la preservación de los empleos, de las empresas (especialmente las MIPYMES), los salarios, así como un subsidio digno de los hogares desprovistos de ingresos, por encima de los bajos montos hasta ahora contemplados, menores a la línea de extrema pobreza.

2. Disminuir la comisión cobrada por las AFP y con el excedente de ganancias generar un fondo para asistir a las personas que han cotizado, que se encuentran sin ingresos fijos y requieren un auxilio inmediato, especialmente trabajadores, profesionales independientes y cuentapropistas.

3. Exonerar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la clase trabajadora de las cotizaciones a AFP y ARS, manteniendo todas las coberturas establecidas por ley, y las necesarias ante la COVID-19, incluyendo las personas despedidas o suspendidas en sus empleos en el estado de emergencia.

4. Exonerar el pago de la deuda pública del Estado con las AFP y reorientar dichos recursos públicos a necesidades económicas y sociales del país mientras dure el estado de emergencia.

5. Establecer la Protección al Desempleo contemplada en la Ley 87-01 con coberturas dignas tanto para situaciones temporales como para pérdida permanente del empleo y el salario, sin que ello implique la pérdida de las conquistas adquiridas por la clase trabajadora.

6. Dar paso a una reforma sustantiva, estructural e integral del actual Sistema de Seguridad Social para crear un auténtico sistema público, solidario, universal para todos y todas, sin fines de lucro ni administración privada compulsiva, en materia de pensiones, salud, seguridad laboral y desempleo.

7. Préstamos a largo plazo, a la menor tasa y rápidos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de Banca Solidaria, el sistema del Banco de Reservas, cooperativas y las asociaciones de ahorro y préstamos, condicionados además a la reactivación de los puestos de trabajo.

8. Establecer la prohibición de más suspensiones y despidos a causa del estado de emergencia.
9. Créditos en cuotas y sin interés de los bancos a sus clientes en los rubros de Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Alquileres, alojamiento, agua, electricidad, gas y comunicaciones. Asimismo, subsidio al transporte público.

10. Renegociar con los bancos nacionales y acreedores internacionales nuevas condiciones para el pago del endeudamiento cuyos pagos venzan a corto plazo o que haya sido tomado para afrontar el estado de emergencia.