Manuel Jiménez V.
En los últimos años, se estima que cerca de tres millones de haitianos han abandonado su país, impulsados por la falta de oportunidades y el clima de inseguridad que prevalece en su territorio.
Países como República Dominicana, Estados Unidos, Brasil y Chile se han convertido en los principales receptores de este masivo éxodo migratorio.
Sin embargo, la situación plantea un desafío especialmente complejo y urgente para República Dominicana, que no sólo enfrenta el costo económico de atender a esta población migrante, sino que, como advirtió recientemente el presidente Luis Abinader ante las Naciones Unidas, también pone en riesgo la seguridad nacional y la soberanía del país.
El impacto de la migración haitiana en República Dominicana es notorio, aunque no existen estadísticas claras sobre el número exacto de indocumentados haitianos en el país.
Un simple recorrido por las provincias con mayor concentración de población, como las zonas rurales y los principales polos turísticos, evidencia el crecimiento exponencial de esta población extranjera.
La presión que esto ejerce sobre los servicios públicos, particularmente en el ámbito de la salud y la educación, es cada vez más palpable.
De acuerdo con cifras ofrecidas por el presidente Abinader, en 2023, el 12 % de las atenciones médicas brindadas en el sistema de salud pública dominicano fueron destinadas a inmigrantes haitianos.
Además, actualmente hay cerca de 200,000 menores extranjeros inscritos en las escuelas dominicanas, de los cuales 147,906 son de origen haitiano. Esta situación ha provocado una crisis en el sistema educativo, que ha tenido que dejar fuera de las aulas a niños dominicanos para hacer espacio a los estudiantes haitianos.
Aunque la República Dominicana ha sido tradicionalmente criticada por organismos internacionales que la acusan de no respetar los derechos de los inmigrantes, los datos demuestran que el país ha sobrellevado una carga considerable en la atención de esta población, lo que revela una falta de control en la gestión migratoria que ha empeorado en los últimos años.
A República Dominicana se le presenta un panorama incierto. Las relaciones con las autoridades haitianas son prácticamente inexistentes, en un contexto en el que el Gobierno de Haití no ha demostrado capacidad para resolver la crisis social, económica y de seguridad que afecta a su país.
Al contrario, la actitud de confrontación que históricamente ha mantenido hacia República Dominicana ha obstaculizado la concertación de acuerdos bilaterales que podrían contribuir a mitigar esta problemática.
Mientras tanto, la comunidad internacional se ha comprometido a desplegar una fuerza multinacional para enfrentar la inseguridad en Haití, donde, según datos de la ONU, los grupos pandilleros controlan el 80 % de Puerto Príncipe y han causado la muerte de más de 3,900 personas.
No obstante, este esfuerzo ha mostrado pocos avances. A pesar de que se esperaba contar con 2,000 efectivos para garantizar la seguridad en Haití, hasta ahora sólo se han desplegado unos 400 policías kenianos, con un impacto limitado en el terreno.
Tres meses después del despliegue inicial, la situación en Haití sigue siendo crítica. Las bandas armadas continúan ejerciendo su dominio sobre la capital, mientras el Consejo Presidencial del país se ve envuelto en disputas internas y escándalos de corrupción, lo que ha erosionado aún más su legitimidad ante el pueblo haitiano.
En este contexto, las esperanzas de una mejora significativa en la seguridad del país vecino parecen lejanas y el efecto dominó de esta crisis se siente cada vez más en territorio dominicano.
Frente a esta realidad, República Dominicana se encuentra en una encrucijada. El país no sólo debe enfrentar el creciente flujo de haitianos indocumentados que cruzan la frontera, sino también reforzar sus operativos de repatriación.
La opinión pública dominicana observa con creciente preocupación cómo las comunidades rurales, los barrios periféricos y las zonas turísticas se llenan de inmigrantes indocumentados, lo que plantea un serio riesgo para la seguridad nacional.
Las señales están claras: no se puede postergar la implementación de medidas enérgicas. La situación demanda acciones decisivas, dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos humanos, pero que prioricen la preservación de la soberanía y la integridad territorial.
Es necesario que se aborden estos desafíos con responsabilidad y firmeza, para garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos dominicanos.
