Alexis Rafael Peña.
Es este tiempo de crisis sanitaria la población ha sentido desprotección, si así puede decirse del Estado para solucionarle situaciones de índole económica, social y educativa. En donde tanto la población empleada como los desempleados, han tenido que recurrir a sus ahorros para poder responder a sus necesidades.
Como es de conocimiento de la población, en el 2001 mediante ley se creó en el país la figura jurídica y constitucional Defesaría del Pueblo, mediante la legislación 19-01 y que unos años después, se eligió a sus funcionarios. A la fecha, 6 años. A la espera de ser seleccionado sus próximas autoridades.
Según las experiencias internacionales de defensoría del pueblo, sus esfuerzos están concentrados en intervenir en los diversos conflictos entre la ciudadanía y el Estado. En la que su función básica es mediar en los conflictos sociales.
En la República Dominicana los sectores de la sociedad civil y la opinión pública no han comprendido con claridad cuáles son las funciones esenciales de esta institución y se pronuncian vía los medios de comunicación con desconocimiento de causa.
Por ejemplo, en estos días de cuarentena que tiene el país, los servicios de educación tanto primarios, secundarios y universitarios están siendo impartidos vía la internet en sus diversas modalidades.
En donde tanto los estudiantes como los docentes realizan sus jornadas desde la casa y por estas razones, algunos sectores entienden que esa modalidad debería tener algún efecto en las cuotas de pago y de reinscripción en los centros privados y en las universidades.
Hasta ahora no he leído ni en los periódicos impresos ni digitales, que esas instancias privadas hayan facilitado a su público facilidades de pago como se esperaba. Sí han expresado no todas, algunas de ellas rebajas en algún porcentaje, pero nada más.
Es por esta razón que entiende que la defensoría de pueblo debería diligencias con las autoridades del Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología algunas facilidades para aquellos estudiantes de escasos recursos y de clase media alguna medida que le favorezca.
Como puede verse la mediación no es solo entre personas, puede realizarse de instituciones a instituciones. O viceversa, de instancias sociales, empresariales, sindicales u otras; acompañadas de la Defensoría del Pueblo.
Somos de los que pensamos en la institucionalidad. Es momento de una instancia como la Defesaría del Pueblo sea como se define en Latinoamérica, un espacio de diálogo y comunicación entre las fuerzas sociales y el Estado.
Entiendo que para promover la convivencia en estos tiempos de crisis sanitaria, de salud, educación y económica, la mediación social es necesaria que sea tomada en cuenta entre sociedad civil y la Defesaría del Pueblo.
Ya esta institución ha intervenido en diversos conflictos sociales en provincias y en la capital. Pero aun, la sociedad no ha comprendido la magnitud y el trabajo que podría realizarse si se escoge como mediadora en las necesidades que requieren los municipios, provincias, comunidades, secciones y parajes del país.
De todas maneras, entiendo razonable que organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación (digitales, impresos, radiales, televisivos y las redes) continúen haciendo opinión publica favorable a los intereses de la ciudadanía como órganos sociales mediadores.
