La cantidad de atropellos por parte de la policía nacional a los ciudadanos que  violan el toque de queda sigue llamando a la reflexión, tanto de la ciudadanía como de las autoridades policiales y militares, con una población sometida desde el 20 de marzo del 2020 bajo toque de queda y la suspensión de actividades y eventos.

La propia composición del pueblo dominicano requiere de un tratamiento especial sin que se relajen las medidas tomadas por las autoridades de salud pública y el gabinete de salud que nombrara el presidente de la república Luis Abinader y que encabeza la señora vicepresidenta Raquel Peña.

Si tomamos en cuenta la informalidad total del mercado laboral dominicano, este representó en el cuarto trimestre del año pasado un 54.8 % de la población ocupada en el país, lo que significa que entre cinco y seis de cada 10 personas laboraban en condiciones informales en la República Dominicana es decir que se la buscan en la calle vendiendo cualquier cosa que uno se pueda imaginar para el sustento familiar del día a día.

En ese contexto la presión y encrucijada en la que vivimos en el país y el mundo, debe ser combatida por todos sin que esto provoque el maltrato a ningún  ciudadano, que sigue teniendo factores de angustia, depresión y restricción.

La población debe acatar las medidas sin que exista una rebeldía, pero el gobierno debe entender y sobre todo la policía nacional que la prevención es más efectiva que la represión.

Para garantizar la seguridad ciudadana también la propia uniformada ha sufrido bajas en sus filas fruto del COVID-19, pero se debe insistir en no agredir a una sociedad que su propia naturaleza  es de carácter social.

El distanciamiento físico y la paz social requieren de una actitud diferente de la policía y la ciudadanía que cada día se siente más agotada, presionada y estresada.

La apertura no puede ser total ni se puede permitir que se infecte una gran cantidad de la población, esa es una disyuntiva que requiere una respuesta que no sea el atropello policial, ya que estos deben estar formados para la solución pacífica de conflictos.