Claudio Caamaño Vélez
Recientemente conmocionó al país la muerte de una mujer y su bebé de meses, intoxicados tras una fumigación realizada en un apartamento encima del suyo.
Rápidamente la justicia apresó a la persona que realizó la fumigación, sin detenerse a pensar en otros elementos aún más trascendentes.
Los apartamentos están diseñados para que los gases no pasen de uno a otro, y evitar que cosas como esas, así como una fuga de gas propano o un virus se traspasen.
Con lo cual quizás estamos ante un caso de falla de diseño o vicio de construcción, que podría estar presente en muchos otros apartamentos del país.
Otro dato es que el producto que se aplicó, a pesar de su alto nivel de toxicidad, se vende libre de licencia. Y hay incluso otros venenos aún más mortales que venden en las agroquímicas igual como se vende el salami en los colmados.
Pero el elemento más alarmante, y que ha pasado casi desapercibido, es que la familia afectada acudió el viernes, el mismo día de la fumigación, a un hospital, y a pesar de que toda una familia acudiera con malestares, no les hicieron pruebas toxicológicas.
Se limitaron a tratarles los síntomas y despacharlos para su casa, donde continuaron envenenándose. Luego, cuando volvieron al hospital el sábado, ya era tarde. Lo cual nos hace suponer que estamos ante un evidente caso de negligencia médica.
Si esa familia hubiese recibido las debidas atenciones el viernes, en lugar de enviarlos a que sigan respirando veneno, la historia fuera otra.
Pero la Fiscalía solo se ha centrado en el “francés”. Dejando de lado todos los demás aspectos que podrían formar parte de la cadena de responsabilidad civil y penal.
Ante esa grotesca tragedia había que buscar responsables. Lo más fácil fue romper la soga por la parte más débil… Pero también fue lo más irresponsable.
