Ricardo Martinelli. AP
Panamá.– El expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentra hoy en condición estable en el hospital tras la crisis de hipertensión que sufrió el lunes pasado, dijeron sus abogados, mientras los querellantes en la causa en su contra por escuchas ilegales pidieron que sea regresado a la cárcel.
Martinelli, de 66 años, llegó extraditado por Estados Unidos el pasado lunes, y desde la noche de ese día está hospitalizado por una fuerte subida en su presión arterial, lo que llevó a sus abogados a reiterar el pedido de que se cambie la medida de detención provisional que le dictó el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El Supremo respondió este miércoles que no puede realizar una audiencia para atender la petición de la defensa hasta que el juez de la causa, Jerónimo Mejía, precise el estado de salud del expresidente, al que visitó anoche acompañado de médicos forenses que lo examinaron.
Solo el pleno de magistrados del Supremo puede decidir sobre las medidas cautelares de Martinelli, que se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por la causa de las interceptaciones telefónicas ilegales durante su mandato (2009-2014) a un centenar de personas.
El abogado Dimas Guevara, uno de los defensores de Martinelli, dijo que el expresidente debe permanecer hospitalizado “hasta que se tenga un resultado clínico y médico que establezca o determine” si debe regresar a El Renacer, la cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital a la que ingresó el lunes.
“Entendemos que su condición permanece estable hasta el momento, pero estamos esperando que medicatura forense haga lo propio, o sea, que tendremos que esperar los resultados de todos los exámenes que se están haciendo”, añadió Guevara.
Por su parte Ángel Álvarez, abogado de un grupo de querellantes en la causa de los pinchazos, afirmó que con la hospitalización de Martinelli “hay un cambio de facto, de hecho” de la medida cautelar “disfrazado con una atención médica».
“Si (el expresidente) está estable debería estar de vuelta en El Renacer. Se está invirtiendo demasiado tiempo en médicos y policía. Creo que las cosas deben volver a su cauce, esta situación pareciera rayar en lo excesivo y ridículo”, dijo Álvarez, y agregó que si se mantiene la hospitalización de Martinelli se estará “trasgrediendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia».
Martinelli fue hospitalizado después de que el lunes asistió a “una audiencia de comunicación de derechos” en la que el juez Mejía le informó que seguirá bajo detención preventiva debido al peligro de fuga, como dictó en diciembre de 2015 el pleno de la Corte Suprema.
El Gobierno, del que Martinelli denuncia ser “perseguido político”, destacó este miércoles la “nitidez” con que el Ejecutivo cumplió su rol en la extradición, como expresó la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
Recordó que la Cancillería cumplió con tramitar ante las autoridades de Estados Unidos el pedido de extradición emanado del Supremo, el llamado a procesar a Martinelli dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Precisó que una vez en tierra panameña, se ejecutaron de “manera satisfactoria” tanto la recepción como el traslado de Martinelli a la cárcel, lo que implicó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y del Ministerio de Gobierno.
“Yo creo que este proceso va a demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, específicamente eso está en manos del sistema judicial”, dijo por su parte el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en declaraciones desde Rusia, a donde partió el mismo día que llegaba Martinelli extraditado, para cumplir una visita oficial y ver a la selección panameña de fútbol que debutará en el Mundial.
Varela añadió que “sería un error politizar” el caso judicial de Martinelli, de quien fue vicepresidente, y añadió que “la sociedad debe ser vigilante de cómo se desempeñan sus instituciones».
El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la extradición de Martinelli bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral en la materia vigente desde 1905, lo que significa que el exmandatario solo será juzgado en su país por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo.
