Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
Iré a la marcha contra la impunidad fijada para el próximo domingo 22 de enero: hay que apoyarla. No acostumbro a asistir a eventos de esa naturaleza para que no se me sindique como de la oposición. No obstante, soy consciente de que tengo que colaborar con el fortalecimiento de la cultura de exigir derechos sin que implique ser etiquetado, o, posiblemente descalificado por expresar la mala ejecutoria de un gobierno determinado.
Exigir la erradicación de la impunidad es un reclamo justo. Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público. El caso Odebrecht es el que está en la palestra actualmente, no obstante, más que ese expediente, considero, que lo que está en juego es el respeto que deben tener las autoridades en dar una pronta respuesta a las denuncias o escándalos de corrupción administrativa, quienes aparentan no importarles el destino de los dineros del pueblo.
El hecho de que se reclame mayor voluntad política para accionar en contra de estos procesos de corrupción es una muestra más de la falta de independencia del sistema de justicia dominicano. El flagelo de la corrupción administrativa tiene raíces muy fuertes y profundas, ya que a pesar de tantos mecanismos e instrumentos jurídicos existentes para que el ciudadano tenga mayores controles de las actuaciones de los funcionarios públicos, y en consecuencia mayor transparencia de la gestión administrativa, aún seguimos afectados por este mal.
La indiferencia equivale a complicidad. Es por eso que no podemos dejar pasar un acto más de corrupción sin ser reclamado. Si pretendemos avanzar debemos exigir. Un Estado de Derecho se construye sobre la base del respeto de la dignidad de la persona: pero este respeto y estos derechos fundamentales se han conseguido en combate contra el poder político, mismo que es insaciable, por lo que hay que limitarlo.
La justicia constitucional se creció cuando la Constitución pasó de ser meros principios, a verdaderos derechos y garantías fundamentales de las personas. La corrupción no se acabará por la firma de carta-compromiso ético de los funcionarios, ni por organismos que se creen para su combate, sino cuando esta sea una realidad.
Pueden escribirnos a: consultealjurista@gmail.com o llamar al teléfono 809-274-8020.
