Roberto Marcallé Abreu
MANAGUA, Nicaragua. Resulta imposible rehusarse a esa vaga tristeza que embarga nuestro espíritu cuando leemos noticias trágicas o desalentadoras que suceden en la Patria distante.
Uno cierra los ojos y medita que el bien más caro para un ser humano y para un pueblo es la paz. Aquí, en Nicaragua, este país de tantas bellezas que estremecen el alma, las autoridades difunden un lema que, tengo la certeza, es de la autoría de la vicepresidenta Rosario Murillo, una dama de la que presumo debe trabajar más de 20 horas al día: Nicaragua ama la paz.
Los dominicanos amamos la paz. Pero los eventos de la cotidianidad en nuestro país con mucha frecuencia contradicen los anhelos de las mayorías. Ya mismo se plantea un paro contestatario en numerosas ciudades del Cibao Central.
Esas protestas, tienden a degenerar en graves confrontaciones. La pérdida de la paz pública afecta la indeclinable necesidad que tiene el país de buscar cauces de normalidad en un mundo cada vez más complejo y dificultoso.
Hace poco más de un año, que escogimos al presidente Abinader para que dirigiera los destinos nacionales. El momento era de grave crisis.
Entonces, un concierto de depredadores estaba al frente de los asuntos del Estado. La imagen de las autoridades nunca se degradó tanto como en esos entonces.
Los capos se paseaban a nivel del Palacio Nacional como si fuera el patio trasero de sus casas. Mujeres sin credibilidad y sujetos de mala vida ostentaban cargos representativos.
Es amargo recordar los escándalos que se derivaban de sus perversas conductas, tanto en República Dominicana como en el extranjero.
Haber elegido al presidente Abinader fue uno de los pasos más coherentes y sabios que ha dado un pueblo para corregir desafueros e incoherencias sin límites.
Solo que el desastre heredado de los anteriores gobiernos es una carga mayúscula. Como lo fue la presencia de la pandemia cuyos opresivos tentáculos aún se ciernen sobre el destino de la humanidad.
Plantear movimiento huelguístico o ejecutar acciones de índole violenta o desestabilizadora son acciones que no deben tolerarse y a las que hay que tratar con mano dura.
No se debe permitir que el tigueraje sea el que dicte las pautas a las autoridades. Detrás de esta conducta hay delincuencia, propósitos desestabilizadores, narcotráfico, y el avieso propósito de debilitar el sistema judicial para que los encausados por sus desfalcos no puedan ser juzgados y condenados.
Es cierto que a nivel mundial existe una situación compleja que afecta de manera grave el normal desenvolvimiento de los Estados.
El alza en los precios del petróleo y de todos los productos, las dificultades del transporte que afectan el comercio incrementan los problemas y las dificultades.
El ciudadano debe respaldar las autoridades quienes, a su vez, deben proteger, como en gran medida se está haciendo, a los desposeídos, enfrentar los desafueros pasados y presentes, levantar el muro en la frontera, perseguir y detener a todo aquel que incurra en actividades delictuosas, criminales o en perjuicio del país y del pueblo.
