Santo Domingo. — Diversas organizaciones civiles convocaron este jueves a marchas de protesta ante la reciente negativa de un juez de la Suprema Corte de Justicia de procesar penalmente a un influyente senador oficialista acusado de corrupción.
El fallo emitido el 27 de marzo por el juez especial de instrucción Alejandro Moscoso a favor del legislador Félix Bautista ocasionó una crisis de confianza en la justicia, según la cúpula empresarial, organizaciones no gubernamentales y la iglesia católica.
“Exigimos la sustitución de la Suprema Corte, ante la crisis que hay en la justicia y de su credibilidad”, dijo a The Associated Press Manuel Robles, activista del grupo Impunidad Cero, que convocó a las manifestaciones.
Una manifestación recorrió las calles de San Francisco de Macorís, en el norte, en tanto se preveía una vigilia en las próximas horas frente a la sede del poder judicial en Santo Domingo.
La Procuraduría General había solicitado a la Suprema Corte la apertura de juicio penal contra Bautista, uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente Leonel Fernández, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, fraude y desvío de fondos.
Los presuntos ilícitos, valorados en unos 40.000 millones de pesos (unos 900 millones de dólares), fueron cometidos cuando el legislador era miembro del gabinete de gobierno.
Se trata del caso de corrupción pública más sonoro de las últimas décadas, según la Procuraduría. Bautista es secretario de organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y ocupó puestos ministeriales vinculados a la construcción de obras públicas en las tres administraciones del ex presidente Fernández (1996-2000 y 2004-2012), hasta que renunció en 2010 para ocupar una banca en el Senado.
El juez Moscoso, quien también militó en ese partido político antes de ingresar al poder Judicial, determinó tras cinco meses de audiencias preliminares que la Procuraduría no aportó pruebas suficientes de que Bautista hubiese creado con sus cómplices una red de testaferros para enriquecerse de manera ilícita con fondos públicos.
