El Estado debería procurar prosperidad y bienestar para la mayoría de los ciudadanos. Ello obliga a regular intereses contrapuestos, por ejemplo entre empresas deseosas de maximizar beneficios y clientes aspirantes al mejor producto o servicio al precio más bajo.
Ambas perogrulladas importan ante la situación de las telecomunicaciones dominicanas. Tras una época dorada tras iniciarse la competencia en los ‘90s, el mercado luce repartido casi oligopólicamente entre poderosísimas compañías que se quejan, con razón, de la tremenda carga impositiva al negocio, que lo encarece desproporcionadamente.
Al 18% del ITBIS, 10% del “selectivo” y otro 2% adicional, o sea 30%, el Gobierno pretende añadir otro impuesto para financiar al Sistema de Emergencias 911, con un proyecto de ley que además vulnera inconstitucionalmente la privacidad.
Ese 30% lo sufren los usuarios, contribuyentes sin chapulines.
¿Cuánto ganan o pagan a la DGII las empresas? Urge protestar por carísimos y crecientemente deficientes telefonía, cable e Internet, con redes intermitentes e insuficientes.
Tantos impuestos deberían obligar al Gobierno a defender los consumidores: ¡los “paganinis” votantes!
