Me apena que el Gobierno recule ante presiones mediáticas carentes de base científica ni real necesidad política, a menos que exista data conocida sólo por el Poder Ejecutivo que justifique “la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan”, como anunció el lunes.
Es discutible invocar que la Ley de Medioambiente faculte a las autoridades para interrumpir irregularmente el laborioso desarrollo de ese aprovechamiento aurífero sólo en base a la apreciación subjetiva de inviabilidad porque “la población lo rechaza de manera masiva”.
La opinión pública es tan movediza como intenso sea el interés de quienes conocen cómo opera el mercado de las ideas en un ambiente político clientelista. Basta ver que el Chapulin anti minero de San Juan es su notorio senador Félix Bautista, cuya vehemencia emocional carente de sustento científico fue valorada más por el Gobierno que los retrasados (por lentitud oficial para dar los permisos) e inconclusos estudios técnicos del riesgo medioambiental versus las posibilidades económicas.
La preocupación nacional sobre el asunto es real y legítima, no sólo por el agua sino el costo negativo de la oportunidad malograda. Sin dudas la opinión pública más seria apoyaría esta decisión gubernamental si estuviera racionalmente sustentada por un análisis técnico y científico.
El populismo y el falso dilema del costo político, han producido infames resultados negativos, como la cancelación en México en 2018 del nuevo aeropuerto capitalino que produjo una merma de casi US$70,000 millones del PIB y desconfianza que descarriló otras inversiones.
Ocurre lo mismo cada vez que algún Gobierno prefiere el relumbrón del aplauso efímero en vez del beneficio estable a largo plazo. Responder a espurias presiones, como la búsqueda de impunidad de pseudo-sindicatos del transporte o los delirios de Bautista, puede subvertir el imperio de la ley, el debido proceso y el ambiente de negocios.
Ojalá los abogados del Gobierno puedan librar al país de cualquier reclamo legítimo de los inversionistas afectados.
