Nadie con entendimiento claro dudaría que la debilidad institucional constituye una de las principales barreras que debe superar la República Dominicana para consolidar sus esfuerzos en procura de enrumbarse hacia un desarrollo económico sostenible y avanzar en los ámbitos cultural, político y social.
Si tomásemos como ejemplo el conjunto de los 193 países que conforman la membresía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tendríamos como resultado dos grupos, uno minoritario con alta calidad institucional en que figuran los más desarrollados o en camino de serlo y que su gente exhibe mejores estándares de vida; y el otro, en cambio, está integrado por economías débiles y con crecientes niveles de pobreza y desigualdad social.
Perfectamente se podría argumentar que también en las sociedades altamente institucionalizadas se producen crisis de diferentes índoles, pero eso solo confirma que, dado el hecho de que los seres humanos somos imperfectos, el sistema idea no existe y que hay que mantenerse siempre vigilantes para no desviarnos del camino de la necesidad de la fortaleza institucional.
Una especie de pesimismo existencial ha caracterizado históricamente la sociedad dominicana en ese sentido, fundamento que viene dado en numerosos proyectos relevantes que se han quedado sin materialización debido a esa situación y otros que se encuentran amenazados de correr la misma suerte.
Un buen ejemplo de esto último se puede encontrar en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que parece estar en un limbo, a pesar de su importancia para que el país se encamine de manera definitiva a un estadio superior a la media de bienestar de América Latina.
Sin embargo, dos hechos recientes parecen traer una luz de cambio para el futuro inmediato de la sociedad en materia institucional. Me refiero a la medida de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) de sancionar la Cervecería Nacional Dominicana con el pago de RD$46.3 millones y la escogencia de los cuatro jueces para completar las vacantes en el Tribunal Constitucional.
En una histórica decisión, Procompetencia sancionó a la referida empresa, al encontrarla responsable de abuso de posición dominante en el mercado en perjuicio de pequeños comerciantes; la cual sorprendió a muchos en vista de que esa debilidad institucional a la que hemos hecho referencia, tradicionalmente ha terminado favoreciendo a los sectores de mayor poder económico.
Sin duda, que también resulta esperanzador el hecho de que la elección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de los nuevos jueces Alba Luisa Beard, Domingo Antonio Gil, José Alejandro Ayuso y Miguel Valera Montero, no tuviera cuestionamientos y se reconociera el alto nivel de transparencia con que se llevó a cabo.
El sistema de justicia ha sido uno de los estamentos más criticados, al considerarse que no ha mostrado la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado transnacional.
Tampoco están exentos el Poder Legislativo y diversos estamentos del Ejecutivo. Afortunadamente, aún no se ha llegado a la anomia social, que es cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y no son respetadas por integrantes de una determinada comunidad.
Ahora que van a comenzar el año 2019, sería conveniente que los actores sociales asumieran un contrato social con la institucionalidad en la República Dominicana.
Lo que pasó con la decisión del Procompetencia frente a la Cervecería Nacional Dominicana y la trasparente escogencia de los miembros faltantes del Tribunal Constitución abre una senda de optimismo en el sentido de que se puede se puede fortalecer la institucional democrática en el país.
