Lula da Silva
Sao Paulo.- La Justicia brasileña condenó este miércoles, por segunda vez, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril del año pasado, a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sufrió un nuevo revés judicial tras la condena en primera instancia dictada este miércoles por la magistrada federal Gabriela Hardt, que consideró que Lula se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, pero, de acuerdo con la Justicia, el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que hicieron Odebrecht, OAS y Schain a cambio de ayudas en la obtención de contratos en Petrobras.
“Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula”, subrayó la jueza en su sentencia.
La condena, que todavía puede ser recurrida por la defensa en instancias superiores, es la segunda dictada en menos de dos años contra el expresidente, quien tiene un total de ocho causas penales abiertas en la justicia, todas ellas relacionadas con asuntos de corrupción.
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).
En el caso de Emilio Odebrecht es la primera condena que recibe en el marco de la Operación Lava Jato, que destapó en 2014 los millonarios desvíos que ocurrieron durante años en la petrolera estatal Petrobras.
La primera sentencia contra Lula fue dictada en julio de 2017 por el juez Sergio Moro, quien abandonó la magistratura el pasado año para asumir en enero como ministro de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Dicha pena fue ratificada en enero de 2018 por un tribunal de segunda instancia y, dos meses y medio después, Lula entró en prisión para cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel, la cual purga en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur).
Tras la segunda condena, el Partido de los Trabajadores (PT) reiteró este miércoles que su máximo líder es víctima de una “persecución” y señaló que, en la memoria del pueblo, el expresidente “siempre será mayor que sus verdugos».
La presidenta de la formación progresista, la diputada federal Gleisi Hoffmann, denunció además que esta segunda sentencia llega “exactamente cuando crece la posibilidad de Lula” de ser Premio Nobel de la Paz, cuya candidatura promueve el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.
El presidente Bolsonaro se hizo eco en sus redes sociales de la condena contra Lula, uno de sus principales rivales políticos y quien se quedó fuera de las elecciones de octubre después de que su candidatura fuera vetada por la Justicia Electoral en base a normas que impiden que condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan presentarse a cargos públicos.
Fue entonces cuando nombró como su sustituto en la contienda al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien intentó absorber el caudal político de su padrino político, pero acabó derrotado en la segunda vuelta de los comicios presidenciales frente a Bolsonaro.
El gobernante brasileño ha culpado al partido de Lula de la crisis política y social en la que, según él, está inmerso Brasil y en su investidura llegó a decir ante miles de personas que la bandera del país “jamás será roja”, en referencia al PT.
Recluido desde hace casi 10 meses, Lula ha limitado sus manifestaciones a la correspondencia escrita desde la cárcel, donde recibe la visita semanal de sus allegados, y ha intentado sin éxito su libertad a través de un sinfín de recursos presentados por su defensa ante la Justicia.
Una de sus últimas cartas para conseguir su libertad radica en el Supremo y en que se revierta un parecer de la máxima corte del país que autorizó que los condenados en segunda instancia comiencen a cumplir su pena aún con recursos disponibles en instancias superiores, lo que podría ocurrir en los próximos meses.
