Foto de archivo.
SAO PAULO.— El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva consideró el lunes que la mandataria Dilma Rousseff puede sobrevivir la creciente presión en el Congreso para destituirla.
Lula le dijo a la prensa extranjera que Rousseff puede resistir incluso si los líderes de su mayor aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), anuncian que sus miembros dejan el gabinete como se espera en una reunión el martes.
Tanto Lula como Rousseff pertenecen al Partido de los Trabajadores. Rousseff recientemente designó a Lula como su jefe de gabinete, en un movimiento extensamente discutido que aún debe ser confirmado por la corte superior de Brasil.
El ex mandatario dijo que le pedirá al presidente del Movimiento Democrático y vicepresidente nacional, Michel Temer, que ayuden a Rousseff a retener el cargo pese a un desplome en su popularidad ante la peor recesión del país en décadas y los extensos escándalos de corrupción.
“A nadie le gusta apoyar a un gobierno al que no le está yendo bien con la opinión pública”, dijo Silva. “Pero necesitamos seguir dialogando con” el Movimiento Democrático.
En caso de que Rousseff sea destituida por violar las leyes fiscales, Temer asumiría la presidencia. El ministro de turismo, Henrique Alves, miembro del Movimiento Democrático, presentó su renuncia la tarde del martes.
Alves, un aliado de Temer, dijo que lo hacía tras el “mayor desafío” que ha enfrentado su partido, que es dirigido por Temer.
“El diálogo, temo admitir, se agotó”, dijo en una carta a Rousseff.
Una encuesta reciente realizada por el respetado instituto Datafolha, reveló que el 68% de los brasileños están a favor de la destitución de Rousseff, pero sólo 11% creen que estarán mejor con Temer en el poder.
Una vez más, Lula rechazó las acusaciones de que se integró al gobierno de Rousseff para evitar ser arrestado por cargos de corrupción.
Luego de que Rousseff lo designó como jefe de gabinete hace dos semanas, y un acto legal impidió que tomara el cargo, lo que lo protegería de cualquier acusación, excepto ante la corte suprema, que se espera tome una decisión la próxima semana.
El ex presidente dijo que el odio político ha colocado a Brasil “en el mismo clima que Venezuela” y comparó los intentos por retirar a Rousseff del gobierno con la salida del presidente paraguayo, Fernando Lugo, en 2012. “Una destitución sin bases legales es un golpe de estado”, sentenció.
“Esas son excusas y falsos argumentos para reducir el periodo al frente de la persona que ganó las elecciones”.
Los procedimientos de destitución en contra de Rousseff se basan en el rechazo de una visoria gubernamental a sus libros financieros durante su primer periodo en el poder y en otro reporte del mismo organismo que insinúa que las violaciones a las leyes fiscales brasileñas continuaron el año pasado.
La Asociación de Abogados de Brasil presentó el lunes una denuncia ante el Congreso que añade nuevas razones para destituir a Rousseff. La acusa de obstruir a la justicia en las investigaciones de corrupción en Brasil y la criticó por garantizar al órgano rector del fútbol internacional, la FIFA, la exención de impuestos durante la Copa del Mundo que organizó Brasil en 2014.
Simpatizantes de Rousseff intentaron bloquear el acceso a la cámara baja del Congreso para evitar la entrega de la denuncia y se enfrentaron con los abogados de la asociación.
“La Asociación de Abogados de Brasil está señalando los trucos contables, los incentivos fiscales en favor de la FIFA y la intención de beneficiar a un aliado, a pesar de las investigaciones penales, otorgándole los privilegios de un ministro del estado”, afirmó el grupo de abogados en un comunicado.
Personas a favor del gobierno han prometido protestar en caso de que la presidenta sea destituida, pero líderes empresariales aseguran que su salida restauraría la confianza en la castigada economía brasileña.
Tras la conferencia de prensa de Lula, Humberto Costa, líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, dijo que si la presidenta es retirada de su cargo, Temer “será el próximo en caer”.
También el lunes, el juez a cargo del escándalo de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras envió a la corte superior las hojas de cálculo incautadas de una constructora implicada en los supuestos sobornos.
Los documentos, supuestamente, revelan pagos a casi 300 políticos de distintos partidos. Los documentos fueron incautados el mes pasado de la residencia de un ejecutivo de Odebrecht en Río de Janeiro.
Los fiscales señalan que la empresa pagaba sobornos a cambio de contratos inflados de Petrobras. En un nuevo giro al escándalo, la televisora Globo transmitió el domingo una entrevista con una ex empleada de Odebrecht, quien asegura que distribuyó sobornos a políticos desde la década de 1980.
La ex secretaria de la división financiera de la empresa dijo que le dio a la policía una lista de unas 500 personas que recibieron sobornos desde entonces. Ni Odebrecht ni la policía federal respondieron solicitudes por correo electrónico para comentarios sobre las declaraciones de la secretaria.
