Luiz Inacio Lula da Silva
Sao Paulo.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que el fiscal que solicitó su detención preventiva en una denuncia por lavado de dinero y falsificación de documentos volvió a dejar clara su parcialidad y su intención de usar el cargo para fines políticos.
“El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Luiz Inácio Lula da Silva antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva”, informó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS y cuya propiedad ha sino negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
De acuerdo con el instituto, pese a que el fiscal tiene documentos que prueban que Lula no es el propietario del apartamento y que no cometió ninguna ilegalidad, insiste en la acusación y ahora pide su detención.
“Pese a eso, solicita medida cautelar contra el expresidente en otro triste intento de usar su cargo para fines políticos”, asegura el Instituto Lula.
En la rueda de prensa de hoy en la que detallaron la denuncia contra el exmandatario, los fiscales negaron cualquier motivación política en el proceso.
“El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, afirmó el fiscal José Carlos Blat.
En el texto de la denuncia, filtrado a la prensa, los fiscales alegan que el arresto de Lula se hace necesario debido a que “es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace que su posibilidad de evasión sea muy simple».
Según el documento, Lula y sus seguidores promueven “maniobras violentas, que son defendidas y hasta apoyadas por la presidenta de la República” con el objetivo de “blindar al denunciado y presentarlo como un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho brasileño, pues es inadmisible que se permita que se enturbie el estado normal de trámite de las investigaciones y el futuro proceso criminal».
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
La Fiscalía de Sao Paulo aclaró que su investigación es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Pese a ello, la OAS, constructora que aparece como propietaria del apartamento investigado y que realizó costosas obras en el mismo, es una de las empresas implicadas en el escándalo de la petrolera.
