Jesús Díaz
El presidente Luis Abinader, sigue dando algunas señales claras de sus propósitos al frente del Estado dominicano. La débil institucionalidad nuestra marcada por los gobiernos anteriores que controlaba todos los poderes y mantenía una hegemonía total, que metió al país en un atolladero institucional y que agravó nuestra situación, debido a que no había diferencias entre el gobierno y el partido.
En el mes de noviembre el presidente Abinader suspendió de manera provisional y sin disfrute de salario, a 36 funcionarios públicos que no habían presentado su declaración jurada de bienes y de patrimonio, así como a un funcionario del Ministerio de Salud Pública por actos de corrupción.
También suspendió temporalmente en sus funciones al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Antonio Faña, para enfrentar una denuncia en su contra de supuesta agresión sexual interpuesta por una exfuncionaria de esa institución, pero mediante decreto suspendió a Plutarco Arias como ministro de Salud Pública, y por 60 días al administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent. Mientras que el jueves pasado destituyó al administrador de la Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Tomás Ozuna Tapia, sin que hasta el momento se conozcan los motivos.
Esto solo por mencionar algunos casos, pero ¿Qué queremos decir con esto? Pues las actuaciones del presidente son cónsonas con el pedido que durante años la población dominicana ha manifestado en las calles de no tolerar actos de corrupción, impunidad e indelicadezas con los recursos públicos.
Pero su partido, el PRM, no da muestra de estar a la altura del discurso y la práctica del mandatario, todo lo contrario, las praxis de algunos es igual que la de funcionarios pasados y la muestra la dieron Josefa Castillo y Tony Peña Guaba.
Así las cosas, ese partido en este momento histórico del país debe ponerse a tono con el primer mandatario, para que la decencia pública no se siga degradando a peores condiciones.
