Santo Domingo.-El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que la falta de voluntad de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha neutralizado el papel de todas las instituciones que están destinadas a controlar, fiscalizar y sancionar la corrupción administrativa.
Al llamar al presidente Danilo Medina a reaccionar de manera responsable frente al grave problema de la corrupción, el licenciado Abinader afirmó que a más de dos años de gobierno, su administración no ha promovido la primera acción ejemplarizadora contra los funcionaros corruptos de antes o de ahora.
Recordó al presidente Medina su compromiso de ayudar a construir desde el poder una cultura de la honestidad y de actuar contra la corrupción hasta por el simple rumor público. Dijo que en un régimen presidencialista como el nuestro, la voluntad del presidente de la República juega un papel fundamental en la orientación de las políticas públicas.
“Si el Presidente no define una voluntad para perseguir y sancionar la corrupción, no habrá forma de detener una práctica que puede convertir a un funcionario de un modesto ciudadano de clase media en un potentado multimillonario sin haberse sacado la Loto y sin haber desarrollado una empresa exitosa, y tenemos cientos de ejemplos a la vista de todos”, expresó el licenciado Luis Abinader.
El dirigente político habló sobre el escándalo relacionado con la compra de los aviones Super Tucanos antes de salir hacia el Estado de la Florida, donde agotará una apretada agenda política.
Los Super Tucanos y la ley 340-06
El economista y empresario consideró que el nuevo escándalo surgido en torno a la compra de los aviones Super Tucanos, pudo haberse evitado si en el Estado Dominicano existiera una real voluntad de enfrentar la corrupción pública.
“En el caso de la compra de los aviones Super Tucano, la responsabilidad del Estado es mucho más grave, ya que se trató de una transacción grado a grado en violación de la ley 340-06 o Ley de Contratación Pública, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Leonel Fernández en el año 2006”, apuntó el dirigente opositor.
Sostuvo que la ley 340-06 establece claramente en sus principios y en varios articulados que las compras de bienes y la contratación de servicios deben realizarse mediante concursos y con la participación de diversos oferentes para que el Estado tenga la oportunidad de seleccionar la oferta que más convenga al interés de la administración.
