Santo Domingo. – El Movimiento Cívico Participación Ciudadana reconoció los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la corrupción estatal, pero lamentó que casos como el supuesto desfalco de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las acusaciones de lavado de activos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) hayan opacado todo el trabajo de las autoridades contra este mal.
“El Gobierno… había trabajado para mejorar la lucha contra la corrupción, y por eso vemos que el resultado del último Índice de Percepción de la Corrupción (…) que se dio a conocer en enero de este año, ya estaba en 36. Eso refleja que el Gobierno estaba tomando medidas”, señaló este miércoles Francisco (Pancho) Álvarez, durante una entrevista en el programa televisivo Despierta con CDN.
El coordinador de la Comisión de Análisis Político de la organización no partidista adelantó que el índice de corrupción para República Dominicana se mantendrá estable durante el próximo año, ya que no se reflejará el caso Senasa. Sin embargo, advirtió que para 2027 los números del país volverán a descender.
“Estaban haciendo un trabajo difícil en el área de la corrupción, pero surgieron dos casos que mancharon esa trayectoria del Gobierno. Ahora todo el mundo habla de Senasa, Senasa, Senasa. ¿Y dónde está Intrant? Y los casos de Inabie que están pendientes. Todo esto ha manchado ese esfuerzo y vamos a ver los resultados en términos del Índice de Percepción de la Corrupción”, expresó.
En ese sentido, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leydi Blanco, valoró la voluntad política del presidente Luis Abinader para apoyar la lucha contra la corrupción, destacando la promulgación del Código Procesal Penal (CPP) que fortalece la acción legal en esta materia. Sin embargo, señaló que persisten desafíos para el mandatario, como el arraigo del narcotráfico en la estructura del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La activista recordó que más de cinco personas de la organización política se han visto involucradas en casos de narcotráfico y crimen organizado, lo que obliga a una mayor transparencia en la vida política.
“La corrupción no solamente es el ejercicio que vemos del gobierno, sino que también se da en la medida en que se permite que personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, puedan hacer raíces en las estructuras partidarias, y esos son los desafíos que también tenemos ahora mismo”, concluyó.
Llevados a la justicia
Por el presunto desfalco en Senasa, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva contra los implicados Santiago Hazim, exdirector de la institución; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud; y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare.
También se ordenó el arresto de Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes fungían como proveedores de la aseguradora estatal. Todos los hombres cumplirán la medida en la nueva cárcel de Las Parras, mientras que la mujer fue enviada al Centro Penitenciario Najayo Mujeres.
En cuanto al Intrant, el órgano persecutor acusa a diez personas físicas y siete empresas vinculadas de operar una red de corrupción administrativa y lavado de activos contra este ente gubernamental. Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, así como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El pasado lunes, el equipo de abogados que representa al Estado solicitó una indemnización de 12,707.8 millones de pesos por los daños y perjuicios sufridos debido a la supuesta trama de corrupción que, según el Ministerio Público, se desarrolló en el Intrant durante la gestión de Hugo Beras (2022-2023).
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