Santo Domingo.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, abordó hoy la situación del respeto a los derechos humanos durante la gestión del presidente Luis Abinader, destacando tanto aspectos positivos como negativos.
Mercedes señaló que, aunque se han observado algunos avances, la situación sigue siendo insatisfactoria, especialmente en un mandato que se esperaba prometedor en términos de derechos fundamentales.
Destacó que en su informe anual sobre derechos humanos, a pesar de los esfuerzos de reforma y modernización de la Policía Nacional, persisten serias preocupaciones. Las ejecuciones extrajudiciales continúan siendo una realidad alarmante, y el incumplimiento del plazo de 48 horas que establece que toda persona privada de libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho (48) de su detención o puesto en libertad.
Mercedes también expresó su descontento con la falta de progreso en el Sistema Penitenciario del país. Abogó por la creación de un organismo autónomo para gestionar el sistema penitenciario en lugar de que esté bajo la administración de la Procuraduría General de la República. Según él, esta última institución tiene múltiples responsabilidades y no puede dedicarse de manera efectiva a la gestión penitenciaria.
Mercedes afirmó que las 42 cárceles existentes en la República Dominicana son suficiente para la población penitenciaria actual que asciende a aproximadamente 27,000 personas. Resaltó que el 70% de estos internos están en prisión preventiva, y abogó por la implementación de medidas alternativas que reduzcan la dependencia de la prisión preventiva.
También expresó preocupación por la presencia de personas mayores y enfermas en las cárceles, y cuestionó el hecho de que individuos puedan ser encarcelados por deudas menores, como 500 pesos.
Manuel María Mercedes instó a una revisión urgente y a reformas significativas en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos, para que se pueda avanzar hacia un respeto real y efectivo de los derechos fundamentales en el país.