Rafael Chaljub Mejìa
La reunión de las dos cámaras del Congreso Nacional en funciones de asamblea revisora no es la mejor vía para abordar la reforma constitucional que el presidente Luis Abinader propone.
Se dirá que la mejor Constitución de toda nuestra historia, la de abril de 1963, surgió de la reunión de las dos cámaras convertidas en asamblea constituyente y es verdad.
Esto fue posible entonces, porque había un presidente de la República que contaba con una mayoría clara e indiscutida en ambas cámaras y una oposición muy agresiva, pero políticamente debilitada después de la derrota electoral del 20 de diciembre de 1962. Tanto, que para hacerse del poder, esa oposición oligárquica tuvo que lanzarse a la senda del golpismo y la sedición.
No hay que dudar de la determinación del presidente Abinader, que ha reiterado su voluntad de reforma en la campaña y desde el poder.
Pero al mandatario actual le faltan los votos necesarios para convocar él solo la asamblea revisora y este es uno de los mayores problemas. Porque no podrá hacerlo sin negociarlo con los partidos dueños de los votos parlamentarios indispensables para hacer la necesaria mayoría.
Manos que dan esperan, dice un sabio refrán. Y para dar sus votos, los partidos opositores demandarán sus propias concesiones. Sin que sea del todo descartable que alguno exija alguna garantía así sea disimulada, de impunidad como condición para llegar a acuerdos. O no hay reforma constitucional. Conste que ya el presidente Fernández ha dejado dicho que se opone a esa reforma.
Entonces, y si con esto no peco, me permito sugerir que tomemos la vía más democrática y a la vez, que mejor garantía de buenos resultados ofrece. La de la Constituyente por voto popular.
Que el presidente mantenga su iniciativa, busque un acuerdo amplio, la convierta en propuesta, recabe el respaldo de las fuerzas políticas, entidades cívicas y organizaciones sociales con representación real y con vocación de aportar y, con ese movimiento como respaldo, encabece un episodio que marque historia en nuestro país.
Por supuesto, que esto es irrealizable en apenas los meses que faltan del presente año.
Hay que crear las condiciones jurídicas, políticas y ciudadanas para que un cambio como ese se lleve a cabo, pero el esfuerzo vale la pena porque tendremos al fin la Constitución más adecuada a las demandas democráticas del presente, fruto del más amplio concierto de voluntades y la más amplia participación de nuestra sociedad.
