Los tres poderes del Estado, estructura jurídico- política y administrativa de la nación dominicana, han sido penosamente permeados por la politiquería, la corrupción rampante y el crimen organizado, sustituyendo sus valores reales por la falsa simbología del vivir mejor y la falta de autenticidad patriótica.
La función pública, con algunas excepciones, ha sido convertida en el mejor camino para hacerse rico a costa del erario y el tráfico de influencia sin importar cuánto daño se haga al buen nombre de la patria ni al patrimonio nacional.
La Justicia, llámese jueces, fiscales, alguaciles y servidores administrativos, se ha convertido en una especie de ramera en cuya cama todo se vale a cambio de dinero, incluyendo la contaminación de expedientes y decisiones complacientes a favor de los corruptos y criminales.
El Poder Legislativo ha delimitado sus funciones al manejo proselitista, a la sanción de iniciativas por encomienda del Ejecutivo o de los intereses de grupos enquistados en el solio parlamentario sin que, en el menor de los casos, correspondan a los intereses nacionales o de la población empobrecida.
El Poder Ejecutivo, cargado de ministerios, direcciones y departamentos solo está en el péndulo de las decisiones del primer mandatario y de funcionarios que a su vez son altos cargos en las estructuras partidarias y elevados compromisos particulares. Esta es la regla, pero hay excepciones como en toda acción humana y no es privativo de ningún partido.
Este es un país pequeño, pero con grandes riquezas que no han podido ser justamente canalizadas para que el bienestar alcance a todos o a la mayoría de los dominicanos que trabajan y producen esas riquezas. La mayor parte está concentrada en escasas manos.
Con un panorama como esté, con filtraciones en los tres poderes del Estado corremos el riesgo de perder el ánimo y dejar que las cosas sigan pasando hasta que ya no nos quede definitivamente nada. Es una pena.
