Claudio Caamaño Vélez
Hace poco tuve la oportunidad de ser docente en la Maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral impartida en la UASD con el auspicio y la coordinación del Tribunal Superior Electoral. De manera particular, me tocaron asignaturas donde pudimos reflexionar sobre los gastos de campaña y los mecanismos de control y rendición de cuentas de los partidos.
Las leyes las hacen los diputados y senadores, que a su vez llegan a esos puestos a través de partidos políticos, participando en campañas electorales, por lo que han ido creando normas a su medida, garantizando recursos y evitando transparencia.
De los recursos que reciben del Estado, es decir, de nuestros impuestos, rinden precaria cuenta, sin un verdadero régimen de consecuencias ante la falta de claridad o la inobservancia en la calidad del gasto.
De los recursos privados, no declaran lo que reciben ni en qué los gastan… Como el libro aquel que llevan “algunas” empresas.
Recientemente hemos visto a los partidos políticos exigir más dinero a la Junta Central Electoral, el cual se les dará, elevando a cerca de tres mil millones de pesos (RD$ 3,000,000,000.00) la suma que les será entregada este año.
Imaginen todo lo que se podría hacer con esos recursos en calles, hospitales, reparación de viviendas, etc.
Esta situación pone en evidencia el alto nivel de degradación a que ha llegado el sistema de partidos de la República Dominicana, moldeando las leyes a su conveniencia, a su imagen y semejanza: tomar los recursos del Estado sin rendir cuentas.
Pero se les olvida que hay una sociedad cada vez más consciente y menos sumisa, que más temprano que tarde les pasará factura… De hecho, ya algunos la están pagando.
